El Tribunal Supremo ha condenado a seis años de cárcel al exconseller valenciano de Solidaridad y Ciudadanía y exdiputado autonómico del PP Rafael Blasco por delitos de malversación en concurso de prevaricación y falsedad, cometidos al haber desviado fondos de ayuda destinados a Nicaragua.
La pena confirmada ahora por el Supremo supone que el exconseller deberá ingresar en prisión, lo que hará por orden del tribunal que le condenó, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, al cual ha notificado ya su fallo el Supremo y que será el que ejecute la pena.
En una sentencia en la que condena también a otros ex altos cargos populares de la Generalitat Valenciana, el Supremo rebaja en dos años la pena de ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación que le fue impuesta al exconseller por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
De este modo, resultan también condenados el intermediario de las operaciones, Augusto Cesar Tauroni y la ex secretaria general de la conselleria, Agustina Sanjuan, ambos a la misma pena de seis años, mientras que el ex subsecretario de la Consejería, Alejandro Catalá, resulta condenado a 4 años y 6 meses.
El Supremo condena también a Marcial López a 3 años y 9 meses, a Javier Llopis a 2 años y a María Josefa Cervera a 3 años de cárcel, pero absuelve a Marco Antonio Linares y Josep María Felip.
Aunque el alto tribunal, en una extensa sentencia de 365 folios, confirma los principales delitos que impuso el Tribunal Superios de Justicia de Valencia (TSJV), reduce ligeramente las penas porque no considera que haya existido delito continuado en algunas de las conductas sancionadas.
La sentencia relata cómo Blasco, en su calidad de conseller, convocó en marzo de 2008 la concesión de subvenciones a grandes proyectos de cooperación internacional, convocatoria a la que concurrió otro de los condenados, Marcial López, en nombre de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes).
"En realidad se trataba de una entidad prácticamente de su propiedad, que gestionaba de forma personal y directa como plataforma para obtener en su propio beneficio subvenciones y otro tipo de ventajas", relata.
La Consellería de Inmigración y Ciudadanía de la Comunidad Valenciana concedió a esta fundación un total de 1,6 millones de euros, supuestamente para dos proyectos en Nicaragua que tenían como propósito mejorar las condiciones de vida de dos comunidades rurales a través del acceso de agua potable y fomentar el desarrollo sostenible mediante la producción de alimentos.
El Supremo considera probado que de este dinero que la Generalitat Valenciana invirtió en estos dos proyectos apenas llegó a su destino la cantidad del 3 %, exactamente 47.953 euros. El 97 % restante fue aprovechado por los condenados para adquirir y reformar inmuebles en Valencia.
La consellería rechazó inicialmente los proyectos de Cyes por falta de experiencia previa pero ante las presiones del exconseller, fueron adjudicados los fondos finalmente.
"Se prevalió de una estructura administrativa que dirigía para pervertir sus objetivos, disponiendo alegremente de unos fondos destinados a fines solidarios", dice el fallo. Además, dos de los miembros de la comisión que se habían opuesto a la concesión fueron cesados por su discrepancia.
El alto tribunal señala en su fallo que la conducta de los condenados supuso "pisotear nobles sentimientos del ciudadano que con agrado deseaba ver destinada una parte de su contribución del erario público a fines solidarios trasnacionales".
En la sentencia el alto tribunal recomienda desglosar en piezas diversas las investigaciones judiciales que tengan diversas ramificaciones para simplificar el juicio, de manera que la Justicia se aplique de modo más rápido y eficaz.
Además, los magistrados se pronuncian también sobre los llamados "juicios paralelos" provocados por declaraciones públicas de personas vinculadas a los hechos. El alto tribunal considera que los tribunales saben sustraerse al influjo de esos comentarios.
Blasco, nacido en Alcira (Valencia) en 1945, comenzó su carrera política en el PSPV-PSOE, formación con la que ejerció distintos cargos en el Gobierno valenciano (fue Conseller de la Presidencia y de Obras Públicas y Urbanismo).
En 1989 el socialista Joan Lerma, que fuera president de la Generalitat, lo cesó al frente de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes a raíz de una denuncia de presuntas irregularidades, de las que sería absuelto.
Años después, y tras permanecer inactivo en política, recuperó su carrera, esta vez en las filas del PP.
