El propietario de la empresa Avialsa, Vicente Huerta, afirmó ayer que las cacerías en las que participó con el exdelegado del Gobierno Serafín Castellano no contribuyeron en absoluto a favorecer sus contratos con la Generalitat porque nadie más se presentó a los concursos.

Huerta, que negó también haber financiado al PP de forma irregular, realizó estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en las instalaciones de Avialsa en el Parque Tecnológico de Paterna, en la que ha comparecido junto a dos de sus abogados, uno penalista y otro mercantilista. Según el relato de sus abogados, todos los contratos entre Avialsa y la administración valenciana fueron legales, superaron los filtros pertinentes y «existieron desde 1978, antes y después de Castellano (como conseller de Gobernación)». Estos letrados defendieron que en absoluto se pudo obtener una posición de privilegio en los concursos porque ninguna otra firma se presentó a los mismos y «no había necesidad de dádiva».

Huerta explicó que Avialsa pagó cacerías que organizaba su exgerente, Fernando Alandí, que participó en «cuatro o cinco», y que en «una o dos» de ellas coincidió con Castellano.

El juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto ha impuesto a Alandí -el supuesto delator de una trama de comisiones en la que estaría implicado Castellano- una fianza de 500.000 euros como posible responsable de los delitos de estafa y apropiación indebida tras una querella interpuesta por Huerta.

«Se trata de una pura venganza. En cuanto descubrimos que había estado cogiendo dinero de la empresa le dimos la oportunidad de devolverlo, pero nos amenazó», explicaron los abogados de la empresa de Vicente Huerta.