El presunto trato de favor del exconseller de Gobernación Serafín Castellano al contratista de la extinción aérea de incendios, Vicente Huertatrato de favor , a cambio de invitaciones a cacerías y otros supuestos regalos tiene mayor alcance del que la Fiscalía Anticorrupción sospechaba en un primer momento cuando en octubre de 2014 le fueron denunciados los hechos, revelados por este diario desde el 4 de agosto de 2013. Anticorrupción investiga si la manga ancha que el exconseller aplicó a la empresa Avialsa, pese al incumplimiento de los pliegos de condiciones de los contratos, tiene relación causa-efecto con el hecho de que Huerta agasajó a Castellano con regalos que niegan sin entrar en el asunto tanto el empresario como el político, detenidos ambos en la operación policial del viernes.
Entre las numerosas irregularidades que investiga Anticorrupción figura la práctica de Avialsa de ampliar los períodos de actividad de los aviones en invierno, de forma que si el contrato estipulaba un período entre el 1 de julio al 30 de septiembre tradicionalmente se ha considerado ese plazo la campaña antiincendios se ampliaba hasta finales de año y así «se facturaba más partida presupuestaria que la fijada en el pliego», según consta en la denuncia y habría sido ya ratificado por Anticorrupción, según fuentes conocedoras de la investigación.
El contrato anual tenía un presupuesto que se dividía en diversas partidas, con un precio estipulado. Por ejemplo, para la disponibilidad de aviones, el precio por hora de vuelo, el mantenimiento de las bases o el uso de producto retardante del fuego lanzado desde las avionetas. Para agotar todo el presupuesto y que la empresa facturara el «máximo posible se realizaron operaciones que el pliego con el que se adjudicaban los contratos no contemplaba». Por ejemplo, alargar la campaña hasta Navidad o, en segundo lugar, «contratar aviones extra», al margen de las condiciones pactadas, según la denuncia.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y Anticorrupción han comprobado también las irregularidades publicadas por este periódico el 29 de marzo de 2014 información que fue aportada a la denuncia, sobre el alcance de los incumplimientos de los pliegos de condiciones por parte de Avialsa. Entre ellos que el contratista no aportó el modelo de avión exigido en el primer contrato otorgado por Castellano, el 4 de febrero de 2008, por 11,1 millones y dos campañas. En vez de avionetas Air Tractor 502 de turbina, se facilitaron del modelo PZL Dromader M18A, más viejas e inferiores en prestaciones.
El alcalde de la población valenciana de Quartell y directivo de Avialsa , Francisco Huguet, pidió al conseller Castellano que fue quien lo colocó en Avialsa que aplicara una excepcionalidad porque los modelos exigidos se estaban fabricando. No llegaron en 2008 ni en 2009. Pese a saltarse el contrato, Castellano pagó los 11,1 millones estipulados -no hubo, por cierto, un céntimo de rebaja sobre el precio de licitación- sin convocar nuevo concurso ni penalizar al contratista. Es más, el entonces conseller y Vicente Huerta firmaron el 30 de diciembre de 2009 una prórroga del contrato hasta marzo de 2010, cuando se formalizó la siguiente adjudicación. Avialsa se llevó, así, 341.769 euros extra por ese tiempo de más en la duración de la concesión.
El segundo de los grandes contratos que Castellano adjudicó a Avialsa superaba los 22,6 millones y se concedió el 17 de marzo de 2010 por el procedimiento de urgencia y sin presupuesto habilitado. En la denuncia del exgerente de la empresa a la que Anticorrupción ha concedido todo el crédito tras verificar sus extremos, según fuentes de la investigación, se apunta que el extitular de Gobernación cambió el procedimiento de contratación, que pasó de ordinario a «urgente y anticipado», con apenas ocho días para presentar ofertas.
La jueza de Sagunt tomó ayer declaración a tres de los implicados en esta supuesta trama, entre ellos al empresario Andrés Emiliano Castedo, que organizaba las cacerías a través de Aprovechamientos Cinegéticos y las cobraba a Avialsa y a su Fundación Medioambiental Huerta con facturas falsas por supuestos conceptos de consultoría y gestión inmobiliaria. Castedo cumple pena de prisión por una condena en otro asunto.
