El exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Serafín Castellano aseguró ayer en un comunicado que defenderá su «inocencia y honor» ante lo que «a todas luces es una utilización» de su nombre y su posición política en un asunto del que se siente «completamente ajeno».
En su primera declaración pública tras su detención y posterior puesta en libertad provisional con cargos del pasado viernes, Serafín Castellano desmintió «con toda rotundidad y contundencia todas y cada una de las acusaciones que de manera injusta e impune» se están vertiendo, en su opinión, sobre su persona y que tanto daño «moral y psicológico» están haciendo de forma «irreparable» sobre él y su familia. «Después de toda mi vida al servicio de la sociedad en distintas responsabilidades públicas, en virtud de las cuales las distintas consellerias de las que he sido titular han adjudicado cientos de proyectos por cientos de millones», Serafín Castellano dijo sentirse «orgulloso» de su patrimonio.
Éste se limita, aseguraba en el comunicado, a un apartamento en Dénia y a un terreno rústico que paga con sendos préstamos hipotecarios, así como «un coche de más de diez años y otro coche» que usan sus hijas.
«Colaboraré con la justicia»
«Vivo desde que me casé hace más de veinticinco años en un piso de mi padre. Ahí termina todo mi patrimonio. Y lo pueden comprobar cuando quieran», defiende el ex secretario general del PP y exconseller de diversas áreas con gobiernos autonómicos presididos por Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra. «Ni mi mujer, ni mis hijas, ni yo ni nadie de mi familia tenemos sociedades de ningún tipo ni cuentas en el extranjero. Mi familia y yo vivíamos única y exclusivamente de mi nómina cuyo importe es público y todo el mundo puede consultar en los Presupuestos Generales del Estado», añade. Serafín Castellano señaló que como ha hecho «siempre» colaborará «plenamente» con la justicia en un asunto, dirigido por la Fiscalía Anticorrupción y que ha desembocado en diez imputaciones desde el viernes -nueve de ellos en libertad con cargos, entre ellos Castellano-, «que está ya judicializado», del que es «completamente ajeno y a raíz del cual ya se han tomado medidas contra el exgerente de Avialsa», la contratista de la extinción aérea de incendios en la Comunidad Valenciana, a la que el exconseller de Gobernación adjudicó contratos desde 2008. No obstante, matiza, el exdelegado del Gobierno ejercerá «todas las acciones judiciales en defensa» de su honor y dignidad, «siendo plenamente consciente de que el daño que se ha hecho no sólo a mi persona, sino también a toda mi familia, es irreparable, pues a mí ya se me ha juzgado y condenado pública y mediáticamente por unos supuestos hechos que desconozco por estar bajo secreto sumarial».
Sobre este último aspecto, ironizó con que pese a esa medida judicial «misteriosamente aparecen publicados en los medios de comunicación» detalles sobre la investigación. «Espero y confío en que se haga justicia ante estas infundadas e interesadas acusaciones que se han hecho conmigo, aunque estoy seguro de que ninguna sentencia podrá reparar el daño moral y psicológico que, ante tanta calumnia y falsedad, ha tenido que soportar mi familia en los últimos días y que desde luego no le deseo a nadie», concluyó Serafín Castellano en el comunicado.
