El dueño de la armería que vendió el rifle de Serafín Castellano, aseguró ayer en el juzgado que fue el ex gerente de la empresa Avialsa -la contratista de los aviones antiincendios y denunciante de la supuesta trama de favores- el que eligió, pagó y recogió el rifle regalado al ex conseller de Gobernación y ex delegado del Gobierno. Avialsa regaló el rifle, modelo Browning semiautomático de 1.861 euros, a Castellano el 26 de noviembre de 2008, ocho meses después del primer contrato que otorgó a Avialsa por 11,1 millones de euros. Había pasado un año desde que el entonces conseller de Gobernación asistió como invitado a la primera de las cacerías pagadas por Vicente Huerta, la que se celebró en el coto El Ayozo, en las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real).
El armero, Vicente P. P., compareció ayer en el juzgado de instrucción número 2 de Sagunt, para explicar el destino del material cinegético adquirido por la empresa Avialsa (por valor de 181.841 euros) a su armería, Peña Armes Esports, y aclarar la falsificación de facturas (camufló las armas y la munición bajo otros conceptos), así como los detalles de la compra del rifle adquirido para el ex conseller. El comerciante admitió que tanto Vicente Huerta (propietario de Avialsa) como el ex gerente, Francisco Alandí, eran «clientes habituales» aunque era el segundo quien se encargaba habitualmente de realizarle los encargos. Así que el armero descargó sobre Alandí -denunciante en Anticorrupción de la supuesta trama de compra de voluntades y que ya no trabaja para la contrata- toda la responsabilidad sobre el regalo al ex conseller Serafín Castellano.
Rifle mejor que uno «estándar»
«Fueron Francisco Alandí y Emilio Máñez -el presidente local del PP de Quartell- los que eligieron el rifle. Querían uno mejor que un rifle estándar» y le presentaron la documentación «de dicho señor para su registro». La pista del arma se ha podido seguir porque el proceso de adquisición de un rifle está controlado, en todo momento, por la Guardia Civil y ha de figurar el nombre del destinatario final. El dueño de la armería, Vicente P. P., explicó que para adquirir un arma se ha de presentar el permiso o licencia y que la retirada también la tiene que realizar el titular del arma. En este caso, el ex delegado del Gobierno se ahorró todos los trámites ya que fue Alandí el que recogió la escopeta del exconseller de Gobernación. Castellano siempre negó que el rifle fuera un regalo, aunque ha sido incapaz de justificar el pago del arma, registrada a su nombre en la llamada «guía», que es como la matrícula de un arma de fuego. El ex concejal de Urbanismo de Quartell y, Emilio Máñez, detenido e imputado en la causa, también aparece en el relato del armero como el «responsable de recoger la munición». Aunque la confianza era tal que, en una ocasión, las balas «se mandaron directamente a la nave que [Máñez] tiene en el polígono de Quartell». Ya en su momento, este diario preguntó a Máñez por su papel como organizador de la intendencia de las cacerías y él lo negó pese a que en algunos albaranes aparecía la nota «entregar a Emilio Máñez». De todos estos materiales se emitían facturas falsas, para camuflar los rifles y munición en conceptos como «ropa y calzado deportivo».
Por último, el armero descargó de responsabilidad al presidente de Avialsa, Vicente Huerta, en la compra de las armas y la munición. «El señor Huerta no intervenía en los encargos relativos a las cacerías» porque «de cazador, tenía bien poco». De hecho, explicó que Huerta encargó «cuatro o cinco escopetas» pero tardó «entre uno y tres años en retirarlas, porque se estaba cambiando de vivienda y creía que en la armería estaba mejor». Los socialistas, por su parte, también pidieron ayer cuentas al Gobierno de España porque sospechan que el Ejecutivo demoró hasta después de las elecciones autonómicas del 24 de mayo la detención del exdelegado del Gobierno Serafín Castellano, «a pesar de que ya conocía desde bastante antes los cargos y pruebas que existían contra el investigado».
