El Gobierno de España bendijo hace menos de un mes, el pasado 6 de mayo, la actuación de su ya exdelegado en la Comunidad Valenciana Serafín Castellano. Así consta en una respuesta parlamentaria tras un pregunta en el Congreso del líder del PSPV, Ximo Puig.
Los socialistas preguntaron a finales de marzo por las adjudicaciones a Avialsa, la empresa del también detenido Vicente Huerta, de sendos contratos por valor de 33,8 millones de euros en la época en la que Castellano estaba al frente de Gobernación. Igualmente, apuntaban a que el dirigente popular había recibido un rifle semiautomático valorado en 1.861 euros y fue invitado a cacerías y pagadas por la empresa adjudicataria.
En relación con ello, Puig preguntaba al Gobierno por su valoración del escándalo, que INFORMACIÓN comenzó a desentrañar hace casi dos años; preguntaba el PSPV también si Castellano iba a ser destituido por Presidencia del Gobierno; si ese comportamiento es compatible con las normas de buen gobierno y si asume la defensa del delegado. Ayer, los socialistas difundieron la respuesta del Gobierno central, remitida el pasado 6 de mayo, apenas 23 días antes de la detención: «El delegado del Gobierno ya ha afirmado que es rotundamente falso que haya recibido cantidad alguna de la empresa mencionada, ni directa ni indirectamente». Y añadía: «Se informa que todas las adjudicaciones que se mencionan en la pregunta se han realizado mediante concursos públicos, a través de un procedimiento legal, con la publicidad correspondiente y con todos los informes debidos», señalaba la respuesta gubernamental.
La destitución de Castellano no se produjo hasta el pasado viernes, cuando el ahora exdelegado fue detenido por la Policía y trasladado esposado hasta el juzgado de Sagunto.
