El contratista de aviones de extinción de incendios, Vicente Huerta, admitió ayer en el juzgado que pagó algunas cacerías en las que coincidió con el ahora exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano, pero negó haberle hecho regalos a cambio de favores en la contratación. Huerta declaró ayer, junto a dos imputados más, en la causa abierta contra diez acusados de malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo, que se saldó el viernes con diez detenidos, entre ellos Serafín Castellano. Tras declarar, Huerta quedó en libertad con cargos, como el resto de inculpados en la investigación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF (Unidad central contra la delincuencia económica y fiscal) de la Policía.
Gran parte del interrogatorio del fiscal se centró en conocer quién pagaba las cacerías en las que coincidieron el entonces conseller y el contratista de Gobernación. Huerta admitió que estas actividades cinegéticas las organizaba Francisco Alandí, administrador-gerente de la empresa propiedad de Huerta, Avialsa, -con quien se ha querellado- porque «era una buena ocasión para tener relación con los empresarios» y que «insistía muchísimo, porque era importante para las empresas del grupo». Pero añadió desconocer «por qué se invitaba» al conseller de Gobernación, con el que admite «tener trato, por los contratos con la administración, en actos de presentaciones, asuntos de trabajo... De ahí a que yo le invitase...».
Huerta y Castellano coincidieron en «dos o tres cacerías» a las que el empresario acudió informado y aconsejado por su gerente -Alandí- de que iba a ir el conseller y «me interesaba por motivos de trabajo».
Aunque en esas citas cinegéticas se hablara de todo, menos de trabajo, según el contratista de aviones de extinción de incendios. «En las cacerías nunca se hablaba de trabajo» ni, en concreto, de los contratos que tenía el grupo empresarial Avialsa con la Generalitat. «Llevo muchos años trabajando con las consellerias y, si hay que hablar de algo del trabajo, se hace en el despacho oficial y con los técnicos, no con el conseller». Las conversaciones con el conseller en los momentos de asueto se limitaban a comentar «el final de campaña o cómo había ido».
Sin embargo, el elevado precio de estas cacerías hizo que el empresario Vicente Huerta decidiera ponerles fin, según su versión, y ordenar a su gerente, Francisco Alandí, que dejara de organizarlas y pagarlas. Según la información que ha ido publicando este periódico, la empresa contratista de los aviones de extinción de incendios gastó 429.000 euros en una docena de cacerías para agasajar a sus invitados ilustres, entre los que se encontraba el exconseller y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano. Avialsa T35 facturó a la Generalitat un total de 34,1 millones de euros mientras estuvo Serafín Castellano como conseller de Gobernación, responsable de la extinción de incendios.
Aunque Huerta insistió que él era totalmente ajeno a la organización de estos eventos dedicados a la caza de perdices. De hecho, declaró que había visto a Andrés Emiliano Castedo, propietario de Aprovechamientos cinegéticos y también imputado en esta causa, «en las cacerías, pero nunca negocié con él, hasta que apareció en Avialsa con una factura pendiente de 100.000 euros». Huertas asegura que quiso hablar personalmente con Castedo porque «me parecía un coste elevadísimo y para comunicarle que no pagaría más facturas por cacerías». Castedo acabó aceptando una rebaja de «30.000 o 40.000 euros en la rebaja de la última factura, a cambio de cobrar».
La escopeta que, supuestamente, regaló el empresario Vicente Huerta al entonces conseller Serafín Castellano también fue motivo de interrogatorio por parte del fiscal. El empresario defiende que «nunca ha hecho ningún regalo al señor Castellano, sabedor de ello», aunque admitió la existencia de facturas, que descubrió con «posterioridad», pagadas por su empresa Avialsa pero «no lo hice personalmente ni a sabiendas mías». Aunque sí admitió que Avialsa hacía regalos a «técnicos, empleados, consellers, por Navidad. Era el único detalle que se tenía con la administración». Sobre el regalo del rifle Browning semiautomático a Castellano, fuentes jurídicas explicaron a INFORMACIÓN que, de haberse producido un supuesto cohecho pasivo, este delito habría prescrito al haber transcurrido más cinco años desde los hechos, «noviembre de 2008».
Por último, de los otros dos imputados que comparecieron ayer, un empleado de Aviación Civil y el propietario de un coto manchego, que cumple pena en la cárcel de Albacete por otros asuntos y fue trasladado en furgón policial, sólo trascendió la declaración de este último de que «Castellano se pagaba su puesto», cuando acudía a las cacerías pagadas por la empresa Avialsa.
