La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional realizó ayer una operación de gran calado dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de Instrucción número 2 de Sagunt. Además de las nueve detenciones, en una mañana los agentes registraron tres consellerias, un ayuntamiento, varias empresas y los domicilios del alcalde de Quartell, Francisco Huguet, y del delegado del Gobierno, Serafín Castellano. Ambos detenidos por un presunto caso de corrupción política.
A las 7.30 horas de la mañana, los agentes se personaron en la vivienda particular del delegado del Gobierno, Serafín Castellano, en el municipio de Benissanó, para realizar su detención. Los agentes y el fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, así como representantes del juzgado permanecieron hasta pasadas las 13.30 horas. Lo mismo pasó con el alclade de Quartell, Francisco Huguet, quien tras ser puesto en libertad lamentó el daño que este arresto ha causado a su imagen «y que nadie nos va a lavar», informa Paco Quiles.
Los agentes también se personaron a primera hora de la mañana en la Conselleria de Gobernación, departamento que dirigió Serafín Castellano del 29 de junio de 2007 al 12 de junio de 2014. Fuentes de la institución que dirige ahora Luis Santamaría explicaron que toda la documentación solicitada por la Policía que obraba en su poder se puso a disposición del juzgado «para cualquier aclaración o comprobación».
Por su parte, a mitad de la mañana tres agentes de la Policía Nacional entraron en la Conselleria de Territorio para requisar dos expedientes urbanísticos. Los papeles no se encontraban en la sede del edificio 9 d'Octubre y un funcionario los acompañó a la delegación territorial, ubicada en la calle de Gregorio Gea, donde les fueron facilitados a los agentes. Y también estuvieron en Sanidad.
Según ha podido saber este periódico, uno de los archivos incautados pertenece a una promoción de viviendas en el municipio de Algímia d'Alfara. Al mismo tiempo, otros agentes de la Policía registraron las dependencias del ayuntamiento de este municipio del Camp de Morvedre. En este caso se llevó papeles de un PAI de dos millones de metros cuadrados impulsado por el empresario detenido Vicente Huerta.
El otro expediente requisado de la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente fue el de la licencia de actividad ambiental que se otorgó a un aeródromo de la localidad de Viver. Esta pista es propiedad de la empresa Avialsa de Vicente Huerta, el empresario que compartía cacerías con Serafín Castellano.
