La afición a la caza se ha convertido en el denominador común de la última macrooperación policial realizada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF). Los políticos y empresarios arrestados ayer y posteriormente puestos en libertad acudieron a las cacerías de patos y perdices que el propietario de Avialsa, Vicente Huerta, pagó en distintos parajes de Castilla-La Mancha. Entre los ahora imputados se encuentra José Miguel Pérez Taroncher, el compañero de «parany» del ya exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano. De hecho, sus respectivas mujeres han compartido en propiedad una casa de campo en el término municipal de Llíria donde practicaban este arte tradicional valenciano prohibido por la legislación.
Pérez Taroncher ha sido beneficiado por la Generalitat del PP con adjudicaciones de contratos a dedo por valor de siete millones de euros. La mayoría de ellos contratos menores -más de 200- que le fueron concedidos desde que Serafín Castellano aterrizó en la Conselleria de Sanidad en el año 2002. De hecho, 1,7 millones se corresponden con concesiones firmadas de puño y letra del propio exdelegado del Gobierno.
La relación entre Castellano y Taroncher es muy estrecha, tanto que llegaron a tener el mismo modelo de Mercedes importado de Alemania. Aficionados ambos a la pelota valenciana compartieron algo más que el trinquet. La mujer de Taroncher, María Ángeles González ha sido secretaria del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes desde 1996. Justo cuando el matrimonio Taroncher-González constituyeron la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, que sirvió para facturar junto con DV-Cuatro a nombre de sus hijos o Construcciones Pérez Taroncher. No todos los contratos fueron menores, se llevaron dos millones de euros por la reforma de la estructura del pabellón central de la Fe. Taroncher era quien ejercía de chófer de Castellano en las citadas cacerías.
Otro de los habituales y el que corría con los gastos era Vicente Huerta. El empresario de Sagunt edificó un imperio tras heredar de su padre una empresa de avionetas para la extinción de incendios que ya tenía contratos con diversas administraciones. Huerta recibió hasta 34 millones en contratos y el permiso para construir un aeródromo en Viver (Castellón), ahora investigado por la justicia.
A las jornadas cinegéticas también acudía habitualmente Emilio Máñez, exteniente de alcalde de Quartell y presidente local del PP. Era el hombre encargado de la compra y traslado de la munición, según algunos de los asistentes, si bien él siempre negó este extremo. El alcalde del pequeño municipio del Camp de Morvedre, Francisco Huguet, también disfrutó en alguna ocasión de esas excursiones. Huguet ha sido mano derecha de Serafín Castellano en el PP comarcal y es directivo de Avialsa.
Hubo otros cinco detenidos, todos ellos vinculados a la firma de avionetas de Sagunt.
