En tres días se abatieron 1.934 perdices en el coto Cortijo Trifillas, en Albacete, por el sistema de ojeo, tan bien retratado en Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes. En esa cacería y en una docena más celebradas en el Coto la Villa y El Allozo (en Castilla-La Mancha), en el El Tochar y La Hedrera -para monterías, de caza mayor-, el contratista del servicio de extinción aérea de incendios en la Comunidad Valenciana, Vicente Huerta, gastó al menos 429.000 euros para agasajar presuntamente a sus invitados ilustres, entre ellos el exconseller Serafín Castellano. Una cantidad insignificante comparada con los 34,1 millones de euros que su empresa, Avialsa T35, ha recibido de la Generalitat, con su amigo Castellano como conseller de Gobernación y adjudicatario.
La documentación que ha ido publicando en exclusiva INFORMACIÓN desde el 4 de agosto de 2013 y la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de una denuncia que se presentó meses después de esas publicaciones, sitúan a menudo esas cacerías -empezaron en 2007, 2008 y 2009- en las fechas en las que se formalizaron las adjudicaciones. La investigación judicial indaga si hubo pago de favores entre empresario y conseller: cacerías y otros obsequios a cambio de contratos.
Un ex directivo de la empresa -el exdirector general Francisco Alandí- llevó el escándalo a Anticorrupción por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad y delito fiscal tanto en los supuestos pagos de cacerías como en los regalos de lujo que se les hizo supuestamente a Serafín Castellano y a otros «conseguidores» para «obtener favores para sus empresas».
Pero ni ciervos, ni jabalíes, ni torcaces ni tórtolas aparecen en las facturas en poder este diario y abonadas por el contratista a la empresa organizadora de las cacerías. Ningún producto con plumas ni pelo figura en los desgloses de unos gastos que se habrían camuflado como servicios de consultoría. Un clásico.
«Intermediación en la compraventa de determinadas parcelas en la localidad de Viver», «compras de terrenos», «estudio topográfico sobre Polígono Industrial Algimia de Alfara» o «estudio topográfico para la reforestación de área de Villamarchante», son algunos de los conceptos que facturaron la empresas que montaron las cacerías: Aprovechamientos Cinegéticos y, en menor medida, Intermediaciones Rústicas, ambas del empresario Andrés Emiliano Castedo, uno de los detenidos ayer tras la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Todos los gastos corrieron por cuenta de la Fundación Medioambiental Huerta Comunitat Valenciana, de la propia Avialsa.
Según la investigación, el dinero abonado por la fundación no era un gasto sino una inversión para la «obtención de favores». Entre los regalos costeados estaría la pernoctación en Paradores como el de Albacete, cenas, joyas y convites con Moët Chandon para amenizar las cacerías, según algunos de los que compartieron experiencia con el exconseller y con Vicente Huerta.
Los contratos de Avialsa T35 no están exentos de irregularidades. El primero, por 22,6 millones, se concedió por la vía de urgencia y sin presupuesto, se prorrogaron sin convocatoria ni concurso e incluso se incumplieron de forma descarada las cláusulas. Es más, una de las adjudicaciones tuvo lugar semanas después de que el empresario y Serafín Castellano compartieron cacería en El Allozo (Lagunas de Ruidera) en noviembre de 2007. Ya estaba en marcha el procedimiento de una adjudicación que se rubricó el 4 de febrero de 2008.
El exconseller Serafín Castellano era un habitual de esas excursiones con escopeta que corrían por cuenta del empresario de Sagunto. En declaraciones a este diario cuando el escándalo se aireó, Castellano explicó que él se pagaba su parte, pero nunca aportó ninguna factura ni dio cifras concretas del coste de las cacerías. Es más, achacó la coincidencia con Vicente Huerta a una simple casualidad. «30 segundos y un saludo», fue su explicación de la foto reproducida en la portada en la que posaba con Huerta y un sembrado de patos abatidos a sus pies.
Taroncher, el conductor
Entre los habituales de esas cacerías está el constructor José Miguel Pérez Taroncher, quien, según fuentes conocedoras de esas cacerías, era el chófer de Castellano, al volante de un Mercedes ML320. Antes que a Anticorrupción, el escándalo de las jornadas de caza pagadas supuestamente a través de la citada fundación fue denunciado en octubre de 2013 al Protectorado de Fundaciones dependiente de la Secretaría Autonómica de Justicia de la Conselleria de Gobernación. Se instaba a la Generalitat a intervenir y extinguir la Fundación Medioambiental Huerta, previa revisión de sus cuentas. El conseller responsable de investigar se llamaba Serafín Castellano. Juez y parte, ignoró olímpicamente la denuncia.
Además de Anticorrupción, la propia Agencia Tributaria también tomó cartas en el asunto y exigió a la fundación todas las facturas abonadas por gastos personales y otros conceptos para desgravarse de forma supuestamente irregular. En total, unos 3,8 millones.
