Valencia, Xàtiva, Castellón, Alicante, Orihuela, Torrevieja, Novelda, Bigastro... Los múltiples escándalos que han sacudido la Comunidad Valenciana de norte a sur durante los últimos años han pasado factura en las urnas a los principales partidos políticos. Especialmente al PP, asentado en el Palau desde hace 20 años, aunque en breve pasará a la oposición. El electorado, ahora sí, ha castigado la corrupción. En la provincia de Alicante han sido varios los casos que corroboran esa afirmación. El primero, en la propia capital.
ALICANTE
El PP concurrió a los comicios locales sin un solo imputado en su lista -tal y como acordó el partido en la convención provincial de Benidorm-, pero con los rescoldos todavía encendidos por los problemas judiciales de sus dos anteriores alcaldes: Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. El primero de ellos está siendo investigado en el caso Brugal por haber amañado supuestamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad para beneficiar al constructor Enrique Ortiz. Se le acusa de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. Pero es que, además, el ex primer edil se encuentra a las puertas de ser juzgado por otra causa. Esta, por delito fiscal. Se le atribuye haber defraudado 682.651 euros durante los años 2007, 2008 y 2010 y de no pagar el amarre de su catamarán de 15,54 metros de eslora.
Alperi no es el único excargo popular con causas pendientes con la justicia. Su sucesora en la Alcaldía, Sonia Castedo, está siendo investigada en dos causas. La primera, la del supuesto amaño del PGOU; y la segunda, la del Plan Rabasa, en la que se le acusa de maniobrar para beneficiar también a Ortiz. Esas dos investigaciones la forzaron a dimitir en diciembre del pasado año. A ella se suma además la situación del aún concejal Andrés Llorens, acusado de adjudicar las obras de una plaza después de su inauguración; y la de Joaquín Ripoll, imputado por cinco graves delitos en Brugal.
Todo ello ha contribuido a dañar la imagen del partido en la capital y a explicar parte de su desplome electoral. 20 años después, los alicantinos han castigado al PP. Ha pasado de los 18 ediles que logró en los comicios de 2011 a los escasos 8 del pasado 24-M. O, en otras palabras, ha sufrido una sangría cifrada en casi 37.000 votos. Este descalabro le impedirá mantener la Alcaldía.
NOVELDA
Aunque salvando las distancias, la situación en Novelda también es comparable a la de la capital. El batacazo del PP ha sido mayúsculo. La aún alcaldesa, Milagrosa Martínez, será juzgada en las próximas semanas por haber adjudicado el estand de la Comunidad Valenciana en Fitur a la trama Gürtel. Los hechos se remontan a 2005, cuando Martínez era la consellera de Turismo de Francisco Camps. La Fiscalía Anticorrupción le pide 11 años de cárcel y 34 de inhabilitación por conceder los contratos a la empresa de El Bigotes de manera irregular entre 2005 y 2007. En marzo de este año, tras su procesamiento y la posterior apertura de juicio oral, el PP la expulsó del partido. Pero ella se enrocó, se negó a renunciar a la Alcaldía y se ha mantenido en el puesto.
Pues bien, el electorado acaba de hablar. Los populares han pasado de ser la primera a la tercera fuerza en el municipio, han perdido 4.098 votos y se han dejado casi 27 puntos de apoyo respecto a 2011. Un castigo en toda regla.
TORREVIEJA
Otro de los municipios alicantinos que se han visto sacudidos por la corrupción durante el mandato ha sido Torrevieja. El exalcalde y exdiputado autonómico Pedro Hernández Mateo ingresó en la prisión de Campos del Río (Murcia) en julio de 2014 para cumplir una pena de tres años por prevaricación y falsedad en documento oficial. El ex primer edil fue condenado por irregularidades en la adjudicación del servicio municipal de recogida de basuras en 2004. La causa se inició en enero del 2007 a raíz de la denuncia presentada por Los Verdes de Torrevieja ante las presuntas ilegalidades en la adjudicación de la contrata, cuyo importe ascendía a 97,8 millones de euros.
Pese a ese varapalo, los populares de Torrevieja no esperaban una sangría de votos. Pero sí la hubo. Han pasado de los 11.364 apoyos de 2011 (47,46%) y 15 concejales a los 8.995 (37,98%) y 11 ediles. El actual alcalde, Eduardo Dolón, ha perdido las históricas mayorías absolutas que venía cosechando el partido desde la década de los 90. Ahora deberá pactar para formar un gobierno estable o esperar a que el resto de fuerzas no se pongan de acuerdo.
ORIHUELA
Cerca de allí, en Orihuela, también se ha hablado largo y tendido de corrupción a lo largo de los últimos cuatro años. Han sido varios los escándalos. El más sonado, el que afectó a la ya expresidenta local del PP, Pepa Ferrando. La ahora próxima concejal del Foro Demócrata está acusada de prevaricación, malversación de caudales y posible cohecho por fraccionar las contrataciones de los servicios prestados en las ferias de turismo a las que acudió el Ayuntamiento cuando ella era edil de Turismo. Sus problemas judiciales, unidos a la bronca que se montó entre una parte del grupo municipal y la dirección provincial del PP por negarse los primeros a suscribir una moción para que no hubiera imputados en las listas, terminaron por desestabilizar al partido. Y el 24-M hubo castigo. Menor que en otras poblaciones, pero lo hubo. Los 14.765 apoyos cosechados en 2011 que valieron para conseguir 12 ediles se han transformado ahora en 10.652 sufragios y 11 concejales.
BIGASTRO
Otro municipio de la Vega Baja que ha castigado al partido que se ha visto salpicado por escándalos ha sido Bigastro. En este caso, con el PSPV. El aún diputado provincial Raúl Valerio ha estado envuelto en varios casos: un presunto fraude por el pago y cotización a la Seguridad Social a favor de medio centenar de vecinos que no trabajaban para el Ayuntamiento; y polémicos gastos con la tarjeta municipal que le han costado una imputación por malversación. El pasado día 24 las urnas asestaron un varapalo a los socialistas. Si en 2011 fueron la fuerza más votada en el municipio con 1.778 votos y 6 ediles, ahora han pasado a obtener el respaldo de 1.383 bigastrenses y 5 concejales. El PP, por el contrario, ha mejorado sensiblemente sus cifras de hace cuatro años y ha logrado la mayoría absoluta.
XÀTIVA
Si en un municipio valenciano ha sido evidente el castigo a la corrupción, ese ha sido Xàtiva. Al todavía alcalde, Alfonso Rus, le estalló el escándalo en vísperas de las elecciones. La diputada de Esquerra Unida (EU) Rosa Pérez sacó a la luz una presunta trama en la Diputación de Valencia, dirigida también por el propio Rus. Fue el principio del fin de su carrera política. Las grabaciones en las que se le escucha contar billetes de una supuesta «mordida» precipitaron los acontecimientos. La dirección regional del PP le suspendió temporalmente de militancia con la candidatura municipal ya proclamada y apartó a Rus de la presidencia provincial del partido en Valencia. Pero él se enrocó y se negó a abandonar la lista. El resultado: el PP se desplomó en los comicios. Pasó de gozar de mayoría absoluta a ser la tercera formación en número de apoyos. Perdió más de 3.300 votos y seis concejales.
VALENCIA
Los escándalos también han hecho caer a otra de las dirigentes históricas del PP en la Comunidad: Rita Barberá. Uno de los motivos ha sido «Ritaleaks». O, lo que es lo mismo, los polémicos gastos de representación que cargaron Barberá y su equipo de gobierno a las arcas municipales. Los aireó Compromís. Las 466 facturas que han salido a la luz incluyen viajes en avión por 57.000 euros; 17.000 euros en billetes de tren; 21.000 euros en desplazamientos de coche; 81.000 euros en hoteles; y 41.000 euros en restaurantes. Y todo, en plena crisis. El resultado es el conocido. «Qué hostia, qué hostia», resumió Barberá al conocer el dictamen de las urnas. Ha perdido 10 concejales (la mitad de los conseguidos en 2011) y dice adiós a la Alcaldía.
CASTELLÓN
En Castellón, la ciudad de Carlos Fabra, también ha habido un batacazo. Con el exbarón territorial en la cárcel por fraude fiscal, el PP se ha dejado siete concejales y casi 14.000 votos. Con todo, los populares han conseguido revalidar la mayoría absoluta en la Diputación. En Valencia y Alicante, por el contrario, las han perdido.
