El todopoderoso en otros tiempos dirigente popular, Serafín Castellano, llegó al juzgado de Sagunt poco antes de las 19 horas, esposado, cabizbajo, en mangas de camisa, sin gafas y bajo una lluvia de gritos y abucheos. Apenas estuvo media hora en la sede judicial, un claro indicio de que se negó a declarar. Tras su comparecencia, la jueza Patricia Todolí acordó, de acuerdo con la petición de la Fiscalía, «la libertad provisional» para Serafín Castellano y los otros 8, además de la «obligación de comparecencia ante la autoridad judicial tantas veces como sea requerido, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional», según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
La mayoría del resto de detenidos también se acogieron a su derecho a no declarar. Serafín Castellano abandonó el juzgado sin hacer declaraciones y en un vehículo particular, conducido por Asunción Quinzá. El alcalde en funciones de Quartell, Francisco Huguet, sí que explicó a los periodistas que el juez le había dejado en libertad y sin fianza, aunque sin aclarar si se habían presentado cargos contra él.
Los investigadores describen como «un trabajo de chinos» la investigación realizada en la que han trabajado desde hace meses dos grupos de la Unidad central contra la delincuencia económica y fiscal (UDEF), es decir, entre 15 y 20 funcionarios, según informaba ayer la agencia Europa Press.
