Las adjudicaciones de los contratos a Avialsa T35 ha estado sembrada de irregularidades y presuntas ilegalidades que están bajo investigación judicial. El contrato de 22,6 millones otorgado por Serafín Castellano en enero de 2010 se tramitó «de urgencia» y de manera «anticipada», sin que existiera dotación presupuestaria. La licitación se publicó el 4 de diciembre de 2009 y la mercantil empezó a trabajar el 1 de enero de 2010. Pero la resolución no fue firmada por Castellano hasta el 1 de marzo. La mayor de las anomalías se registró en el contrato que por 11,17 millones se adjudicó, para las campañas de 2008 y 2009, sin un euro de rebaja sobre la licitación. Lo que sí se redujo notablemente fue la calidad del producto: los aviones que aportaba Avialsa. En puertas de iniciarse la campaña de verano, la empresa remitió un escrito a Gobernación en el que solicitó modificar las condiciones del pliego y luego renovó la petición en una carta del 1 de agosto. Se pidió que se sustituyera el modelo de avión que se exigía en el contrato. Por «imposibilidad material de la empresa de suministrarlo» debido al «retraso en la fabricación de las avionetas por parte de la fábrica norteamericana Air Tractor». Ese modelo fue sustituido por algunos PZL Dromader M18A, considerado muy inferior en prestaciones. Castellano aceptó avionetas viejas por nuevas y un modelo inferior sin penalizar a Avialsa ni sacar de nuevo el concurso. En la temporada siguiente, tampoco se aportaron las aeronaves contempladas en la adjudicación.
Antes de dejar Gobernación, Castellano prorrogó sin concurso el contrato de Avialsa por dos años más y 11 millones.
