Las facturas de los presuntos pagos irregulares del Puerto de Alicante a su Fundación llegarán hoy a la Fiscalía Anticorrupción de la mano de Compromís. La documentación se corresponde con tres auditorías realizadas por la Intervención General del Estado a la Autoridad Portuaria y que llevan fecha de octubre de 2011, agosto de 2013 y diciembre de 2013, fechas en las que estaba José Joaquín Ripoll al frente de la Autoridad Portuaria, aunque algunas de ellas se remontan a años anteriores a su incorporación al cargo. En ellas se hablaba de pagos irregulares, gastos por duplicado, opacidad, posible enchufismo, convenios prorrogados de manera ilegal, entre otras irregularidades.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran los convenios celebrados entre la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) y la Fundación, que se consideraban como auténticos contrados administrativos, en los que no se realizaban acciones tendentes a dar publicidad y promover la concurrencia de otros sujetos distintos al proceso de contratación pública. Los convenios de colaboración se prorrogan, incumpliendo la prohibición que que este tipo de contratos sea superior a un año, ni ser objeto de prórrogas, revisiones de precios o modificación, según las conclusiones del informe de la Intervención General del Estado publicadas por este diario el pasado 13 de abril. En estos convenios tampoco constaban los criterios por los que se determinaba la cantidad que aporta la Administración.
Los informes aludían al trasvase de personal entre ambas entidades, poniendo trabajadores de la Fundación a disposición de la Autoridad Portuaria, que calificaban de «auténticas contrataciones de personal efectuadas al margen de la legislación laboral». En las auditorías se detectó también que a pesar de los recortes del Gobierno para reducir el coste de las asistencias a los consejos de administración de la APA, la respuesta fue la de aumentar el número de reuniones. «Aunque el gasto ha disminuido debido a la reducción del importe y del número de vocales, se ha suplido con un mayor número de sesiones», concluía el informe. También se apuntaba a la «duplicidad de gastos» por las cantidades que pagaba la APA a la Fundación al margen de las que le entrega anualmente para su labor.
Fuentes cercanas al expresidente de la Autoridad Portuaria de Alicante destacaron que durante la etapa de Ripoll se corrigieron las deficiciencias que les apuntaban desde la Intervención General del Estado y que de haber existido conductas delictivas habría sido esta institución quien hubiera presentado las irregularidades en la Fiscalía. Las citadas fuentes insistieron en que la Fundación del Puerto es una institución modesta, de presupuestos limitados y apenas cuatro trabajadores y que fue en la etapa de Ripoll donde se eliminaron gastos que no tenían nada que ver con la gestión del Puerto.
