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Interior retira a dos de los tres inspectores con que reforzó la unidad que investiga el PGOU

Un mes después de la incorporación de tres efectivos, dos ya han sido trasladados

Vistos y no vistos. En menos de un mes dos de los tres inspectores cuya incorporación a la unidad que investiga los presuntos amaños en el PGOU de Alicante fue comunicada por el comisario jefe provincial, José Javier Cuasante, al magistrado Manrique Tejada, instructor del caso, han sido trasladados a otros destinos fuera de Alicante.

La asignación de estos tres efectivos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada de Policía Judicial de Alicante se anunció hace apenas un mes después de que el magistrado tuviera que dictar una providencia en la que reclamaba que se dotara a esta unidad de más medios dado el retraso en la entrega de informes, entre ellos los del material incautado en los registros que en julio de 2010 se practicaron en las oficinas, el yate y el domicilio del empresario Enrique Ortiz, imputado en este proceso junto a los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, entre otros.

Pese a la incuestionable sobrecarga de trabajo que desde hace tiempo arrastra esta unidad y a que la investigación de las piezas desgajadas de la operación Brugal (de la que deriva la del PGOU) ha cumplido ya siete años, no se decidió reforzarla hasta que Tejada dio un golpe en la mesa, aunque al final el supuesto apoyo haya quedado en un mero simulacro.

Frente a las declaraciones que esta misma semana realizó en Elche el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien aseguró que 26 agentes y la UDEF de Madrid tratan de agilizar Brugal, lo cierto es que los 26 efectivos que realmente forman la UDEF en Alicante tienen que asumir, además de asuntos de la envergadura del PGOU o del plan zonal del basuras de la Vega Baja, los delitos económicos, tecnológicos y de blanqueo, con lo que la dedicación en exclusiva a alguno de ellos es una utopía. De hecho, en la investigación del PGOU no están interviniendo más de tres agentes que alternan este asunto con otros.

Choca además la retirada del refuerzo por parte de Interior cuando la primera medida que tomó la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (ADCC), que acaba de poner en marcha el Consejo General del Poder Judicial, fue instar a ese ministerio a finalizar los informes policiales del PGOU que el magistrado Tejada reclamó en 2012, antes incluso de que tuviera que enviar el asunto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad por el aforamiento de Alperi y Castedo. Un fuero que perdieron tras dejar sus escaños y que hizo que la causa regresara a Alicante.

Para dar por concluida la instrucción de este proceso y que Tejada dicte el auto de pase a procedimiento abreviado (lo que viene a ser el procesamiento de los imputados contra los que considere que hay indicios de delito) falta el informe patrimonial de Alperi, cuya entrega se prevé que no tardará, y el de lo incautado en los registros a Ortiz, que podría demorarse aún algo más.

También la juez de Orihuela que instruye las presuntas irregularidades en el plan zonal está a la espera de los informes referentes a la documentación incautada en la Diputación de Alicante, precisamente en los mismos registros policiales que se practicaron el 7 de julio de 2010 con el estallido de caso Brugal.

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