Máximo Caturla -vicepresidente segundo de la institución provincial-, Marcos Benavent -exgerente de la empresa pública- y Alfonso Rus -presidente provincial del PP en Valencia y máximo dirigente de la Diputación-. Son tres protagonistas de algunos de los pasajes que conforman la fonoteca de grabaciones que está a disposición del juzgado. Los dos primeros, el vicepresidente y el exgerente de Imelsa, hablarían del pago y presunto reparto de comisiones a partir de unas adjudicaciones en un municipio de la Costera. En esa grabación aludirían al presidente provincial, Alfonso Rus, según fuentes cercanas a la investigación. En los audios aparecen en torno a una docena de protagonistas de diversas administraciones, desde la diputación, al Ayuntamiento de Xàtiva, pasando por el Consistorio de la capital valenciana. En ningún caso habría grabaciones en vídeo, según fuentes conocedoras de la causa judicial que se encuentra bajo secreto de sumario.
El exgerente de Imelsa es el común denominador de la práctica totalidad de las conversaciones telefónicas y reuniones grabadas durante varios años, incluso desde antes de ser gerente de la empresa pública provincial. En algunos de los capítulos sonoros aparece un político con una alta responsabilidad advirtiendo a su interlocutor de que el empresario que aspira a llevarse la adjudicación «ha de pasar por taquilla».
Audios en vivienda familiar
Las grabaciones utilizadas por la Fiscalía, unas diez horas, fueron aportadas por Esquerra Unida (EU). Según fuentes de la investigación, esos audios se encontraban en el domicilio familiar de Benavent antes de su separación conyugal y podrían haber caído en manos de su exesposa y su exsuegro, Mariano López, hombre próximo a Rus. Hasta ahora.
Desde el entorno de Máximo Caturla, el «número dos» de la Diputación de Valencia e implicado en la investigación que señala a Alfonso Rus, negaron ayer que el dirigente tenga nada que ver con el cobro de comisiones. «No sabe nada de ese asunto», indicaron estas fuentes, que negaron, asimismo, que haya sido llamado a declarar por el fiscal Anticorrupción que investiga el caso.
