El barco no era para su uso y disfrute. Eso es lo que vino a decir la defensa de Enrique Ortiz en el recurso que elevó ante la Audiencia Nacional para intentar que la Justicia anulara la sanción de 860.341 euros. En concreto, los letrados del constructor alegaron ante el tribunal que cuando el empresario adquirió la embarcación a la mercantil italiana Azimut-Benetti Spa por 9,5 millones de euros su intención no era darle un uso de recreo, sino alquilarla. «La entidad reclamante alega que la embarcación fue adquirida con el fin de desarrollar una actividad empresarial de arrendamiento de embarcaciones de lujo y pequeños cruceros por el Mediterráneo», consta en el fallo.

Ortiz reiteró que no matriculó el barco en el plazo que fija la ley debido a que su uso no iba a ser recreativo, sino que pretendía obtener beneficios económicos con él. «Tenía la intención de registrarse como empresa naviera en el Registro Especial de Buques de Canarias, como así ocurrió con fecha 22 de abril de 2009, habiendo solicitado la matriculación el día 23 de diciembre de 2008. Esta matriculación en el citado Registro excluye que el uso de la embarcación sea el mero recreo», explicitó su defensa en el recurso.

La Audiencia Nacional, sin embargo, ha tumbado todas sus alegaciones. Entre ellas, esta última. «Respecto de la alegación por la que se considera improcedente la liquidación porque la matriculación en el Registro Especial de Buques de Canarias se encuentra no sujeta al Impuesto, hay que contestar que no es esa la cuestión que aquí se discute. No resulta controvertida la citada no sujeción, sino el hecho de que haya existido una utilización de la embarcación con fines de recreo con carácter previo a la matriculación del buque», defienden los magistrados. Es decir, concluyen que Ortiz sí disfrutó del yate.

En un párrafo de la sentencia incluso hacen referencia, aunque de pasada, a las informaciones periodísticas sobre el caso Brugal en las que se detallaban algunas de las fiestas que celebró el constructor con destacados políticos alicantinos. Entre ellos, el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, y el expresidente provincial del PP y máximo responsable de la Diputación de Alicante hasta 2011, Joaquín Ripoll. «Podría añadirse, incluso, que es un hecho notorio en el sentido de que ha sido recogido en distintos medios de comunicación cual (sic) fue el destino en esas fechas de 2008 del yate en cuestión, aunque no hacemos especial hincapié en los datos que se desprenden de tales noticias en tanto en cuanto no han sido sometidas al contraste de las partes en el presente recurso contencioso-administrativo que se limita a la impugnación de la resolución del TEAC», zanja.