Federico Trillo, hoy embajador en Londres, llegó a cobrar entre los años 2006 y 2008, precisamente cuando era diputado por Alicante, algo más de 354.000 euros por asesorar a una constructora especializada en obra pública. Lo peor es que, hasta la fecha, Hacienda no ha localizado ningún tipo de informe que justifique que los trabajos realmente existieron. El escándalo saltó ayer por la tarde, después de que El País sacara a la luz que Trillo había cobrado 354.560 euros, a través de su despacho profesional, y que la empresa pagadora, Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, no había podido presentar ante Hacienda ningún informe elaborado por el gabinete del popular. Amparaba esos datos en información proporcionada por la Agencia Tributaria y, además, afirmaba que el caso ya se ha remitido a Anticorrupción.

Ante este escenario, Trillo no quiso hacer declaraciones de viva voz a este periódico. Sí remitió un comunicado en el que, si bien es cierto que viene a admitir que cobró por las labores de asesoramiento que desarrolló su despacho -Estudio Jurídico Labor-, defiende que esos trabajos se ajustaron en todo momento a la ley, que eran compatibles con su cargo en el Congreso, y que Hacienda estuvo puntualmente informada de todo. No obstante, el que fuera diputado por Alicante durante más de dos décadas, y que dejó la Cámara Baja en mayo de 2012, no hace ninguna referencia a la existencia o no de posibles informes que puedan acreditar que los trabajos realmente se realizaron. Simplemente alude al contrato que se firmó y a las liquidaciones de los impuestos que tocaban en cada momento.

Literalmente, a través del escrito remitido, apunta que «la relación de Estudio Jurídico Labor con la empresa Collosa desde marzo de 2006 hasta finales de 2008 se centró, por medio de un contrato escrito (normalizado de acuerdo con la declaración presentada en el Congreso de los Diputados), en la prestación de asesoramiento para el proceso de reestructuración de la empresa». En concreto, Federico Trillo especifica que ese asesoramiento se centraba «en sus estrategias de mercado -de la empresa- fuera del ámbito de Castilla y León, tanto en España como en mercados extranjeros; y, de otra parte, en el estudio jurídico de la mejor estructura del Grupo Collosa como empresa familiar».

A partir de ahí, es cuando el dirigente popular nacido en Cartagena viene a defender que Hacienda no puede haber descubierto nada porque poco menos que estaba al tanto de todo. «Tanto el contrato firmado con Collosa como las correspondientes liquidaciones mensuales del IVA, y las semestrales y anuales del Impuesto de Sociedades cumplen con todos los requisitos legales», sentencia. Es en este punto en el que se ampara para apostillar, acto seguido, que «Hacienda no ha descubierto nada de lo que ya no estuviera puntual y continuadamente informada».

El que en su día fuera cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia añade que, a todo eso, se suma que «Estudio Jurídico Labor nunca ha sido requerido de inspección ni de información alguna por parte de la Agencia Tributaria ni de los inspectores de Hacienda», utilizando así este extremo como prueba para defender que su labor se ajustó en todo momento a los requisitos legales.

Finalmente, Federico Trillo aprovecha para desmarcarse de los polémicos contratos de los parques eólicos en Castilla y León, o de cualquier otra concesión pública: «En ningún momento Estudio Jurídico Labor intervino (ni fue requerido para intervenir) en ningún tipo de concesión o autorización de ninguna Administración Pública, ni tuvo ni ha tenido nunca ningún tipo de asesoramiento o relación con centrales eólicas ni energías renovables», puntualizó el exdiputado popular por la provincia de Alicante.