El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emplazado a la dirección General de la Policía a que se entreguen en el juzgado que investiga el Plan General de Alicante los informes policiales que están pendientes desde el año 2012. Se trata de una de las primeras medidas adoptadas por la nueva Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC) puesta en marcha por este órgano. La petición, junto a la de otro juzgado de Almería, fue aprobada ayer por la Comisión Permanente del CGPJ. El oficio se remitirá a la Dirección General de la Policía, de la que depende la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), instándole a que se terminen los informes policiales que el juez les solicitó en el año 2012 y que aún están pendientes. Concretamente, se le pide «que se remuevan los obstáculos que impiden la emisión» de las diligencias.
Las presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU es una de las piezas separadas del llamado caso Brugal. En ella se investiga si responsables municipales facilitaron al empresario Enrique Ortiz datos sobre el futuro planeamiento urbanística de Alicante, cuando se trataba de una información que todavía era reservada. Por estos hechos están imputados, además de Ortiz, los dos anteriores alcaldes de la ciudad, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, entre otros.
Algunos de los informes solicitados se refieren al resultado de los registros efectuados en los registros del 6 de junio de 2010, día que estalló el caso Brugal, en la casa de Enrique Ortiz, en su empresa y en su yate. El juez instructor, Manrique Tejada, solicitó estos datos en el año 2012 cuando la causa todavía no había sido remitida al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que continuara la investigación, dado el aforamiento de Castedo y Alperi por su condición de diputados autonómicos. La causa volvió a Alicante en junio del año pasado a raíz de la renuncia de ambos de su escaño a las Cortes. En reiteradas ocasiones, el juez ha requerido a la Policía que le informe sobre la documentación de interés para la causa que ha hallado en toda la documentación intervenida a Ortiz, un trabajo que corresponde a los agentes de la UDEF.
Refuerzos
Hace poco más de una semana, el comisario jefe provincial, José Javier Cuasante, respondió al juez que iba a reforzar con tres policías al equipo que se encarga de la investigación. Estos efectivos arrastran una sobrecarga de trabajo desde hace tiempo pero a los que no se ha decidido apoyar hasta que el magistrado pidió que se dotara de más medios por el retraso en la entrega de los informes. El juzgado que en Orihuela investiga las presuntas irregularidades en la tramitación de la instalación del vertedero de basuras de la Vega Baja, otra de las piezas del caso Brugal, también lleva años pidiendo a la Policía sus conclusiones sobre los resultados del registro a la Diputación.
El Poder Judicial no entra a valorar a si se trata de falta de medios o no e insta a «que se eliminen los obstáculos» que impiden la emisión de estos informes. La Unidad de Apoyo para Causas de Corrupción fue puesta en funcionamiento por el CGPJ el 10 de marzo y es un órgano de carácter técnico al servicio de los jueces que tiene como finalidad detectar y evaluar los problemas que puedan existir en los órganos judiciales que lleven causas de corrupción y formular propuestas para solucionarlos.
Entre las medidas que puede proponer esta unidad están la de «auxiliar al juez en los requerimientos de información a las Administraciones Públicas, pudiendo llegar a requerir a los poderes públicos la inmediata remisión de la información solicitada por el Poder Judicial cuando se produzcan», así como las de «personal o de medios materiales en los órganos judiciales que lleven causas de corrupción. Ayer se aprobaron las primeras solicitudes de esta nueva unidad. Además de la petición de Alicante, la otra ha sido a la Junta de Andalucía para que dote de personal a un juzgado de Almería para transcribir las declaraciones de imputados y testigos de un caso de corrupción contenidas en 43 CDs.
