Siete años después de que comenzaran a intervenirse las conversiones que dieron origen al caso Brugal y cuando el próximo 7 de julio va a cumplirse un lustro desde que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraran la Diputación de Alicante y las oficinas, el chalé y uno de los yates del empresario Enrique Ortiz, el comisario jefe provincial, José Javier Cuasante, ha acordado ahora reforzar con tres inspectores el equipo que lleva esta investigación, según ha comunicado la Comisaría al juzgado que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Alicante, una de las piezas desgajadas de la operación Brugal.
Unos efectivos que arrastran una sobrecarga de trabajo desde hace tiempo pero a los que no se ha decidido apoyar hasta que el magistrado Manrique Tejada, instructor del caso del PGOU, pidió que se dotara de más medios por el retraso en la entrega de los informes.
Tejada se dirigió al comisario provincial ante las demoras que se están produciendo en la remisión de los informes sobre los registros de julio de 2010, aunque pendientes de entregarse al magistrado.
En una providencia fechada el 4 de marzo, el magistrado insistía en que ya pidió esta misma documentación en febrero de 2012 y que dio un plazo último para su entrega que acabó el 6 de enero de 2014. Ante esta situación, fue el propio magistrado quien comunicó a Cuasante que si faltaban medios personales o materiales, que los pusiera para que puedan llevarse a cabo las conclusiones de su investigación. De esta providencia el juez remitió también copia a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Los agentes deben informar de cuál es la documentación de interés para la causa que han encontrado a Ortiz.
A la pregunta realizada por Tejada sobre cuál es el estado en el que se encuentra la investigación, Cuasante responde con lacónico «es el que consta en la causa», sin dar más explicaciones.
La juez de Orihuela que instruye las presuntas irregularidades en el Plan Zonal de la Vega Baja también amenazó a la cúpula de la UDEF de Alicante con abrirle un procedimiento por desobediencia. La magistrada está esperando los informes referentes a la documentación informática incautada en la Diputación de Alicante precisamente en los mismos registros policiales que se practicaron con el estallido de Brugal el 7 de julio de 2010. En una diligencia de ordenación firmada por la secretaria de este órgano se dio un mes a los agentes para que remitieran ese material. En esta causa que investiga el Plan Zonal están imputadas 21 personas, entre ellas los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll y el que fuera presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.
