El juicio contra el exdiputado popular Luis Díaz Alperi por fraude fiscal se va a retrasar otros dos años tras dejar definitivamente el Tribunal Superior de Justicia. El fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, defendía que la vista debía celebrarse en el TSJ de Valencia porque Díaz Alperi renunció a su acta de diputado después de la apertura de juicio oral. Rabasa entendía que la situación era idéntica a la del caso Fitur, que por orden del Supremo volvió al TSJ a pesar de la dimisión de la exconsellera Milagrosa Martínez. El fiscal alicantino elevó una consulta a la Fiscalía General del Estado, que le acaba de contestar que el caso se tiene que juzgar en un juzgado de lo Penal de Alicante.

El Tribunal Superior de Justicia tampoco quería celebrar la vista en Valencia. Los magistrados, al igual que la Fiscalía General del Estado, entienden que la decisión adoptada en noviembre por el Tribunal Supremo en el caso Fitur por la que el criterio definitivo de competencia en los asuntos con aforados lo marca la apertura de juicio oral no tiene carácter retroactivo y por tanto no se puede aplicar al procedimiento de Díaz Alperi.

El juicio se tenía que haber celebrado el año pasado, pero el TSJ remitió el procedimiento a Alicante tras la dimisión en el último momento de Díaz Alperi. Fuentes jurídicas explicaron que el caso se va a juzgar en el juzgado de lo Penal número 6 de Alicante que está señalando las vistas en 2017 por el colapso de asuntos.está señalando las vistas en 2017 por el colapso de asuntos

El fiscal que instruyó el caso en el TSJ solicitó en su escrito de acusación -que presentó el año pasado- que Díaz Alperi cumpla nueve años y nueve meses de prisión por tres delitos con la Hacienda Pública y uno de cohecho impropio. El exdiputado popular está acusado de haber dejado de pagar a Hacienda 682.681 euros en concepto de cuotas de IRPF en los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2010.

La acusación le atribuye a Luis Díaz Alperi unos ingresos de cerca de dos millones de euros de origen desconocido que presuntamente ocultó a Hacienda y con los que habría saldado una deuda tributaria de alrededor de un millón de euros que tenía contraída de una actividad profesional anterior al acceso a la Alcaldía de Alicante. Además, se habría comprado un catamarán de 15,54 metros de eslora supuestamente a través de una sociedad instrumental. En el caso también están acusados los empresarios Antonio Solana y Antonio Moreno.