El fiscal anticorrupción Felipe Briones no considera que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Alicante que investigan el caso Brugal tengan que dar explicaciones de los dos encuentros que han mantenido con el empresario Enrique Ortiz (imputado, entre otros, en varias de las piezas desgajadas de esa operación) y de los que este diario ha venido informando. Unas citas que la semana pasada llevaron al magistrado Juan Carlos Cerón, instructor del proceso abierto por supuestas irregularidades en la tramitación del macroplan urbanístico Rabasa, a dictar una providencia en la que reclamaba a la UDEF que le informara «de la realidad de dichas reuniones, dando cuenta en su caso de todos los pormenores de las mismas, indicando su número, quién las ha autorizado, quién tenía conocimiento de ellas y qué finalidad tenían». Al mismo tiempo pedía que «si se han reproducido en cualquier soporte o documento», fueran remitidos al juzgado para que constaran en la causa.
La petición de explicaciones por parte de Cerón se produjo al día siguiente de que los abogados de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo presentaran un escrito en ese juzgado y en el que dirige Manrique Tejada, quien instruye la causa que se sigue por los presuntos amaños del PGOU de la ciudad (donde también el promotor así como la exregidora, entre otros, están imputados) en el que mantenían que «la Policía no puede ejecutar más actos» que los recogidos en los Ley de Enjuiciamiento Criminal, que «no prevé la posibilidad de celebrar reuniones con los imputados». Los letrados afirmaban que «un acuerdo con la Policía carece de justificación en fase sumarial, salvo que el mismo se tradujera en una reducción o modificación de los hechos investigados, lo que a todas luces es ilícito». Y reclamaban la apertura de una investigación para aclarar si había autorización judicial para estas citas y si existían actas de los mismas.
«Dentro de la investigación»
Briones, por contra, mantiene en su recurso contra la providencia de Cerón que «la Policia Judicial depende de jueces, tribunales y fiscales, pero eso no entraña que no subsista como derivada de la propia investigación penal la posibilidad de que los agentes practiquen actuaciones como ampliación de atestados, contactos con confidentes, averiguación de declaración de nuevos testigos y la atención a los requerimientos de imputados y sus letrados que tiendan a la confesión total o parcial de los hechos».
El acusador público agrega que «sólo cuando estos encuentros tengan relevancia a efectos penales deben ponerse en conocimiento del juez o del fiscal, nunca antes ni en el caso de que no sean determinantes para la investigación». Un planteamiento que la Fiscalía General del Estado plasmó en una Instrucción de marzo de 2008 que viene a respaldar la argumentación de Briones y los contactos que, a instancias del empresario, mantuvieron los agentes con Ortiz.
Por ello, el fiscal pide a Cerón que deje sin efecto esta petición de explicaciones a unos agentes que se limitaron a cumplir con su trabajo «y que no hicieron nada que no se haga con otros imputados», según precisaron fuentes conocedoras del caso.
De los contactos entre Ortiz y los agentes estaba el corriente Briones mientras que al magistrado Manrique Tejada se le informó cuando ya se habían producido y Cerón se enteró cuando apareció publicado en este diario.
Ninguna de las dos reuniones, que tuvieron lugar en un centro comercial de El Campello, fructificaron en un acuerdo ante la negativa del empresario a admitir su responsabilidad en algunos de los hechos que se le imputan. Al parecer, Ortiz sólo habría estado dispuesto a asumir que había hecho regalos a políticos pero con la salvedad de que lo hizo dada su condición institucional, sin que hubiera contraprestación alguna a cambio. Un planteamiento que Anticorrupción no habría considerado suficiente para alcanzar un pacto que pasaría porque el empresario desvelara datos que pudieran ayudar en la investigación de estos procesos a cambio de alguna ventaja en una situación judicialmente complicada para el promotor dado al número de procesos penales en los que está acusado y/o imputado.
