La portavoz del Consell, María José Catalá, se puso ayer la venda antes de la herida y dejó claro que la querella de EUPV contra ella y el vicepresidente del Consell y presidente provincial del PP en Alicante, José Císcar, por denegación de documentación, no tendrá consecuencias políticas para ambos en caso de prosperar y ser imputados. «Es un tema de tramitación administrativa que en absoluto está dentro de la línea roja trazada contra la corrupción», respondió ayer Catalá al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell sobre la decisión de un juzgado de Valencia de remitir esa querella al TSJCV, al considerar que los comportamientos de ambos «podrían ser constitutivos de delito».

«Sabia» decisión en Novelda

Por su lado, el Consell mostró ayer su confianza en «la sabia decisión de los miembros» del Ayuntamiento de Novelda para decidir el futuro de la alcaldesa, Milagrosa Martínez, procesada en una de las piezas del caso Gürtel.