El juicio contra el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi por tres delitos fiscales y uno de cohecho impropio Luis Díaz Alperi se celebrará en Alicante, donde el asunto se encontraba desde que el político del PP renunció a su acta de diputado y perdió el aforamiento, después de que la Fiscalía General del Estado haya considerado que es el juzgado de lo Penal número 7 de Alicante, y no el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ), el competente para enjuiciar esta causa en la que el exregidor se enfrenta a una petición de casi diez años de cárcel.
El órgano que al final va a juzgar el caso no es algo baladí ya que mientras en Alicante no es probable que la vista pueda señalarse antes de dos años, dado el volumen de trabajo que arrastran los juzgados de lo Penal, en el TSJ se habría celebrado de inmediato aprovechando algunos de los descansos programados en la vista que por las contrataciones de Fitur a la trama Gürtel se está desarrollando.
Fue el titular de Penal 6 quien planteó a las partes sus dudas acerca de la competencia después de que el pleno del Tribunal Supremo, en respuesta a la situación creada precisamente por la dimisión de las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such poco antes (tres días en el caso de la alcaldesa de Novelda) de la fecha en que iba a comenzar la vista oral por los contratos de Fitur, fijara la apertura de juicio como el punto en que la competencia ha de mantenerse en el que órgano que lo haga aún cuando el aforado pierda esa condición y pueda remitirse el asunto a un juzgado ordinario. Una duda que el fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, elevó a su superior.
Para decantarse por Alicante en vez de por Valencia, la Fiscalía General comparte los argumentos esgrimidos por el letrado Francisco Ruiz Marco, defensor de uno de los imputados en esta causa, quien mantuvo que ni la decisión del TSJ de inhibirse a favor de un juzgado de Alicante tras la dimisión de Alperi, ni la aceptación de la competencia por parte de este órgano fueron actos recurridos, con lo que adquirieron firmeza. El abogado sostuvo también que la resolución del Supremo fue posterior a estos hechos, que esta doctrina no puede ser interpretada con carácter retroactivo y que Alperi dimitió como diputado y perdió el aforamiento pocas semanas después de la apertura de juicio.
Ministerio Público y Agencia Tributaria, que ejerce la acusación particular, mantienen la existencia de tres delitos fiscales que se habrían cometido en los ejercicios 2007, 2008 y 2010 durante los que Alperi habría dejado de pagar a Hacienda 682.651 euros en concepto de cuotas del IRPF.
Las acusaciones por estos cargos se dirigen también contra otros dos empresarios que, según su relato, ayudaron a quien fuera primera autoridad de Alicante a cometer el fraude. A Antonio Solana, expresidente del Alicante y amigo del exregidor, le atribuyen dos delitos fiscales por los que se piden, en total, seis años de prisión. A Alperi se le atribuyen unos ingresos de cerca de dos millones de euros que habría ocultado a Hacienda y con los que el exregidor, con la ayuda de su amigo Solana y de otro empresario de Madrid, habría saldado una deuda tributaria de alrededor de un millón de euros que tenía contraída de una actividad profesional anterior a su acceso a la Alcaldía. Además, se habría comprado un catamarán de 15,54 metros de eslora valorado en 852.945 euros en el que Solana figuraba como copropietario.
El fiscal fija también la posible responsabilidad civil por estos hechos aunque ya el magistrado Antonio Ferrer del TSJ, instructor del procedimiento, acordó una fianza de 1,4 millones para Alperi, 600.000 euros para Solana y 900.000 para Antonio Moreno, el empresario de Madrid acusado, con el objeto de garantizar que puedan hacer frente al quebranto económico causado en el caso de que así lo establezca el juzgador.
El político del PP está acusado también de cohecho impropio por el tiempo que atracó gratis su catamarán en el puerto deportivo de Alicante. Por este hecho le reclama nueve meses de cárcel, la misma pena que solicita para el gerente de la instalación deportiva por el mismo cargo.
