La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha acordado embargar 636.500 euros a la exdiputada popular y actual alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, por impago de la fianza, para asegurar su responsabilidad civil en la pieza 3 del caso Gürtel, en la que está procesada, y que se refiere a supuestas irregularidades en contrataciones de Fitur entre 2005 y 2009.
Martínez, que también fue presidenta de las Cortes y consellera de Turismo, está acusada junto a otras 12 personas en la pieza 3 del caso Gürtel, que comenzará a juzgarse a finales de este mes en el tribunal valenciano. La secretaria judicial de la sala notificó ayer los decretos de embargo a 11 de los 13 acusados en esta pieza, con cantidades que oscilan entre los 137.000 y los 651.500 euros, y que responden a la petición que realizó la Fiscalía tras la apertura de juicio oral para garantizar la responsabilidad civil.
Además, se acordó el embargo de 651.500 euros a los presuntos cabecillas de la trama Francisco Correa, Álvaro Pérez -conocido como «El Bigotes»- y Pablo Crespo; otros 440.000 euros a Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la red; 330.000 euros a Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades; y 336.500 euros a Cándido Herrero, consejero delegado de Orange Market.
Mientras, al exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) Rafael Betoret se ha decidido embargarle 645.000 euros; a Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT, 540.000 euros; a Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia, 230.000 euros; y a Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT, 137.000 euros. No obstante, el TSJ no acordó embargos para Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticos de la Generalitat; ni para Ángelica Such, exconsellera de Turismo, porque no lo requirió tampoco el Ministerio Fiscal.
La relación de bienes a embargar no fue señalada por los acusados porque en ninguno de los casos respondieron a la petición de la sala de señalar de qué disponían. Los bienes se relacionaron tras hacer una averiguación de los mismos, según informó el tribunal valenciano. Sin embargo, tampoco ninguno de los acusados respondió tras comunicar la sala el resultado de esas averiguaciones. Por tanto, cumplidos todos los plazos de conocimiento que deben tener las partes, es la sala quien determina los bienes a embargar, recordaron desde el TSJ. Sea como sea, Correa aún tiene que consumir un plazo de consulta que no le pudo ser notificado por error en los datos del procurador. Subsanado el error, tiene plazo para designar los bienes que considere.
En esta causa hay un total de 13 acusados y se sentarán en el banquillo a finales de este mes por presuntos delitos de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos. En concreto, fueron imputados por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market y a otras sociedades vinculadas, que se encargaban de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV. Así, empresas de la presunta trama consiguieron los contratos de Fitur de 2005 a 2007, cuando era consellera Milagrosa Martínez; y de 2008 a 2009, cuando lo era Angélica Such.
