El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha fijado hasta el próximo 1 de abril, a las 15.00 horas, el plazo para que los 17 acusados del caso Nóos abonen un total de 61,3 millones de euros en fianzas civiles, de los cuales 10,8 millones -unos 1.800 millones de las antiguas pesetas- corresponden a cuatro exaltos cargos del Consell por la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda que presuntamente urdieron el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, -a la Infanta Cristina, su esposa, se le impone una fianza de 2,6 millones- y su exsocio Diego Torres para que el Instituto Nóos -el chinguito que montó el yerno del Rey Juan Carlos con Torres- hiciera negocio con dinero público en la Comunidad. El juez estipula el cómputo mediante una providencia dictada ayer en la que concede veinte días hábiles para hacer frente a los pagos. En caso de no hacer efectivos los depósitos, el juez Castro les emplazará a que designen bienes de su patrimonio de cara a su embargo hasta cubrir las cantidades fijadas, conforme a lo previsto en la ley.
Concretamente y en relación a los exaltos cargos de la Comunidad, el magistrado José Castro reclama fianzas de 4,1 millones para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat, Luis Lobón; 2,7 millones para el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Jorge Vela y otra cantidad similar también para la exdirectora de gestión del complejo Elisa Maldonado; y, finalmente, 1,3 millones para el exdirector general del proyecto José Manuel Aguilar. Las cantidades responden a la suma de las responsabilidades civiles en que habrían incurrido los inculpados en el marco de estos hechos, las multas reclamadas por las acusaciones populares y el incremento en un tercio de todas ellas.
En su auto de apertura de juicio oral, Castro relataba de forma pormenorizada la vía a través de la que se defraudaron fondos de Baleares, Comunidad y Madrid. Detalla los movimientos de las entidades controladas por Urdangarin y Torres para hacer negocio en administraciones de la Comunidad con las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit -un foro deportivo impulsado por Urdangarin- y al de 382.000 euros que percibió Nóos del Consell por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Urdangarin y Torres recibían las adjudicaciones «a dedo» a través de un convenio. Cobraban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. El dinero acababa así limpio de polvo y paja en manos de empresas controladas por los dos imputados en el caso Nóos.
No fue la única noticia negativa para los populares. El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (PP), será juzgado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad de documento oficial en el marco de la rama valenciana del caso Nóos. La Audiencia de Palma estima así el recurso del grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia contra otro auto del juez José Castro que excluyó a Grau de la lista de acusados que se sentarán en el banquillo por la presunta trama corrupta en torno a la actividad de Iñaki Urdangarin y Diego Torres. En un auto emitido ayer, el tribunal provincial ratifica la decisión y los argumentos que ya empleó el pasado 7 de noviembre al corregir el sobreseimiento de la imputación de Grau dictado por Castro en el escrito de pase a procedimiento abreviado.
