Si los miembros del Consell aprobaron de tapadillo, el 30 de enero pasado, devolverse a sí mismos y a los altos cargos y asesores de la Generalitat una parte de la extra de Navidad de 2012, no menos a escondidas ha sido la decisión de las Cortes de reintegrar a los parlamentarios y al personal del Legislativo, no una parte, sino la práctica totalidad de la paga a la que renunciaron los responsables públicos como gesto de solidaridad hace casi tres años. La decisión del Parlamento, de la que eran conocedores todos los grupos pero de la que nadie ha dado difusión, fue efectiva esta semana, coincidiendo con el penúltimo pleno de la legislatura de las Cortes, de manera que los diputados ingresaron la nómina y la paga de 2012. Una despedida de mandato por todo lo alto.

La renuncia a la paga de 2012 fue una decisión voluntaria y política de las Cortes. Lo mismo que la de recuperar ese dinero ahora, ya que la rectificación parcial del Gobierno no es obligatoria para los parlamentarios. De este modo, el recorte solidario de 2012, del que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, hizo gala como plus de ejemplaridad, ha quedado en nada. Pero, mientras los funcionarios de la Generalitat y otras administraciones solo han podido recuperar alrededor del 25% de la paga suprimida en 2012, en el caso de los diputados el reintegro es casi total.

La explicación está en el momento en que entró en vigor el recorte de la paga, según los casos. Cuando el Gobierno central suprimió la extra, el decreto-ley se publicó el 14 de julio de ese año. Habían transcurrido 44 días desde el 1 de junio, que es el momento a partir del cual comienza a computar el derecho para la paga de Navidad. En total, se suman 183 días. Los sindicatos plantaron batalla judicial y los tribunales comenzaron a darles la razón. Finalmente, el Ejecutivo central optó por adelantarse a las sentencias adversas y devolver el equivalente a esos 44 días, que es exactamente el 24,04 %. Paralelamente, el gobierno autonómico había acordado lo mismo con los sindicatos.

Así, el Consell devolvió en enero a los empleados públicos de la Generalitat ese 24,04%. En un acuerdo que no divulgó, hizo lo mismo con los altos cargos y asesores. De este modo, éstos, que estuvieron peleando en los tribunales contra la reclamación de los sindicatos, han acabado beneficiándose también de ella. Podían no haberlo hecho. Tampoco era obligatorio. En el caso de las Cortes, el decreto-ley estatal no era de aplicación directa a los parlamentos autonómicos.