Anticorrupción pide 8 años de prisión para la cúpula de Camps por la financiación del PP

El ministerio público atribuye delitos electorales y falsedad documental a Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Cristina Ibáñez –actual gerente popular– durante los comicios de 2007 y 2008

15.02.2015 | 01:06

Reclama 5 años de cárcel para Martínez Berna y 4 para Enrique Ortiz.

Otro golpe judicial para el PP. La Fiscalía Anticorrupción acaba de solicitar una pena de siete años y nueve meses de cárcel para dos de los «pesos pesados» de Francisco Camps en la pasada legislatura: el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla y el exsecretario general de los populares valencianos Ricardo Costa. El ministerio público acusa a ambos de tres delitos electorales y otro de falsedad documental por la supuesta financiación irregular del PP de la Comunidad en las elecciones autonómicas y locales de 2007 y en las generales de 2008.

El escrito de calificación fiscal, difundido ayer, apunta también a otras 17 personas. Entre ellas, al exvicesecretario general del PP de la Comunidad David Serra y a la gerente de la formación desde 1995, Cristina Ibáñez, hoy aún en el cargo. A ambos les pide la misma pena de prisión. «Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad», reza el escrito. En él también se apunta, aunque en menor medida, a Yolanda García, exgerente popular, a la que reclama seis meses de cárcel por ser «cómplice» del delito electoral de los comicios de 2008.

La acusación de Anticorrupción llega casi cuatro años después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana abriera la investigación del caso Gürtel. El escrito de ayer hace referencia a las piezas 1, 2 y 6, que indagan la presunta financiación ilegal del PP, y en él se sustentan las acusaciones con detalles. La Fiscalía recuerda que todo nació con el entramado de empresas que creó Francisco Correa en Madrid. Esa red consiguió extender sus tentáculos hasta la Comunidad en 2006, un año antes de los comicios autonómicos. Gürtel quiso «aprovechar» entonces las posibilidades de negocio en tierras valencianas gracias a «determinadas personas (políticos)» y con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos».

El encargado de tejer esos negocios fue Álvaro Pérez, más conocido como «El Bigotes». El presunto cabecilla de la trama en tierras valencianas agasajó con regalos a dirigentes populares, consiguió suculentos contratos de la administración valenciana y convirtió a Orange Market en la empresa de cabecera de la Generalitat para organizar actos publicitarios. Para él, Anticorrupción pide 27 años de cárcel por falsedad documental y por los tres delitos que también atribuye a Rambla, Costa, Serra e Ibáñez. Además, también reclama prisión para otros miembros de Gürtel: Cándido Herrero, Pablo Crespo, Francisco Correa y José Ramón Blanco Balín.

En la presunta financiación ilegal del PPCV también jugaron un papel clave varios empresarios. Entre ellos, algunos de Alicante. El escrito del fiscal revela pagos a Orange Market por trabajos inexistentes que, en teoría, sirvieron para saldar las deudas que los populares valencianos mantenían con la empresa de El Bigotes. La jugada se ejecutaba a tres bandas. El PP contrataba a la trama corrupta –ambos solo declararon a Hacienda gastos por 175.000 euros en 2007 y 2008–, pero realmente el coste de los trabajos fue «muy superior». El gasto real se ha cifrado en 78.878,33 euros de actos en las municipales y en más de 1,1 millones en las autonómicas.

Parte de esa cuantía no declarada corrió a cargo de empresarios. Uno de ellos fue Enrique Ortiz, también imputado en la pieza del Plan General de Alicante, en la del Plan Rabasa y en la de la adjudicación de la planta de basuras de la Vega Baja. Su mercantil abonó 348.115 euros a la trama corrupta. Ahora, el fiscal le pide cuatro años de cárcel.

Un año más solicita para el expresidente de Coepa (la patronal alicantina) Rafael Martínez Berna y para su hermano Tomás. El ministerio público ha cuantificado en 199.520 euros el dinero que abonaron sus empresas a Orange Market para saldar deudas del PP de la Comunidad.

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