La jefa del servicio jurídico de Urbanismo de Alicante, Isabel Campos, admitió ayer durante sus dos horas de declaración ante el juez del Plan Rabasa, Juan Carlos Cerón, haber recibido un bolso de Enrique Ortiz durante el periodo en que se tramitaba el macroplán urbanístico. Campos reconoció que recibió como regalo por navidades un bolso por parte del constructor, a quien llegó a darle las gracias, según los pinchazos telefónicos, y a quien le dijo que era «bonito». Isabel Campos explicó que el bolso lo devolvió a través de su padre al día siguiente, según señaló su abogado, Joaquín Galant, a preguntas de los periodistas a las puertas del Palacio de Justicia de Benalúa de Alicante.
Galant, quien dijo que las declaraciones de ayer «tienen un fin político para intentar conseguir en los juzgados lo que no se ha ganado con las elecciones», añadió que su defendida reconoció también que le ofreció a Ortiz en plena negociación de Rabasa unos pagarés de su marido de una «conocida» empresa.
Se trata de una conversación registrada por la Policía que no fue aportada al informe policial sobre el Plan Rabasa y que cifra los pagarés en siete millones. En ella, Ortiz se interesa por la empresa de los pagarés porque considera ese dato «fundamental» para aceptar o no los mismos. Campos le dice que si aceptaba que lo hablara con su marido, de quien dijo ayer en el juzgado que tiene una empresa de limpieza doméstica y que antes había hecho promociones. Según el letrado de la funcionaria jamás se llevó a cabo la operación de los pagarés ni se habló más de ello. Campos declaró que no le gustó «la respuesta del señor Ortiz» porque pensaba que le podría estar haciendo un favor a ella o a su marido, según fuentes judiciales.
Negó, por otro lado, haber usado las tarjetas de párking presuntamente regaladas por Ortiz, según la Policía y la Fiscalía, a miembros de la Corporación y funcionarios municipales.
Llamadas de noche
Respecto a las preguntas sobre las horas intempestivas en las que hablaba con Ortiz del Plan Rabasa, la funcionaria admitió haber enviado un sms desde su móvil personal el día que se aprobó el texto refundido del plan Rabasa así como mantener cerca de las once de la noche una conversación con él, pero matizó que en respuesta a una llamada del empresario. Su abogado anunció que esperará a la declaración de hoy de Enrique Ortiz para pedir posteriormente el sobreseimiento de su patrocinada.
La jefa del servicio jurídico de la Gerencia de Urbanismo, imputada por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, no contestó a las acusaciones populares, ejercidas por PSOE y EU. Respecto a esta última formación dijo que no iba a responder porque había pedido su destitución y «han jugado con el pan de mis hijos». La formación EU forzó a través de una denuncia que los tribunales reabrieran el caso Rabasa.
Esta investigación es una de las piezas separadas del caso Brugal donde, además de los dos funcionarios de Urbanismo, está imputada la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, que declaró por este asunto el pasado día 16; Ortiz y dos cargos de Fomento.
Tras la declaración, ayer, de Campos, le tocó el turno al gerente de Urbanismo, Enrique Sanus. El abogado de EU, José Luis Romero, indicó en declaraciones a los periodistas que reconoció que usó una tarjeta de un párking de Ortiz. Otras fuentes consultadas indicaron que Sanus explicó que eran tarjetas de Alcaldía para la Corporación y que se la dieron en el Ayuntamiento. Sobre por qué le recordó a Ortiz que se acordara «de la tarjeta de párking», como revela una escucha, explicó que al cambiar la Corporación hubo de solicitar una nueva.
El resto de su declaración, mucho más técnica, se centró en la ausencia del plano acústico en el documento del plan Rabasa enviado a la delegación territorial de la conselleria de Medio Ambiente, y del que previamente se había exigido su incorporación. Según Sanus no era necesaria todavía esa documentación -técnicamente llamada curva isofónica, que permitiría el aislamiento acústico desde la la A-70 al sector urbanizado de Rabasa- hasta que se realizara el proyecto de urbanización y optó por acogerse, dijo, a una solución previamente recogida por Fomento para que no fuera preciso devolver el documento al pleno municipal.
Según las escuchas, Ortiz pidió solventar ese escollo para que Rabasa no volviera al Pleno. Las conversaciones y la documentación que obra en el Ayuntamiento muestran que Sanus preparó un escrito sobre el estudio acústico que pasó al jefe de Carreteras Emilio Peiró, también imputado, para que éste lo aprobara y así no volver a llevar Rabasa al pleno. La Policía vincula ese pasaje con una escucha grabada ese mismo día, en enero de 2009, en la que Sanus traslada a Ortiz que «hemos acabado». «Gracias. Te debo una», contestó el promotor, citado hoy a las 10 ante el juez de Rabasa.
