Pisando sobre pétalos de rosas y con un ramo en su regazo accedió ayer la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo al Palacio de Justicia de Benalúa donde estaba citada a declarar como imputada por supuestas irregularidades en la tramitación del plan Rabasa. A la vista de cómo transcurrió su comparencia hace dos años en el Tribunal Superior de Justicia (donde su interrogatorio por presuntos amaños en el PGOU, el otro proceso en el que también está imputada, se prolongó durante tres días), las apuestas acerca de la duración de la declaración de ayer no tardaron en dispararse. Máxime cuando el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, tenía previsto que se reprodujeran más de 80 cortes de conversaciones entre Castedo y el empresario Enrique Ortiz (también imputado) en los que, al igual que hizo en Valencia, iba a apoyar el centenar de preguntas que llevaba preparadas.
Nada de eso ocurrió. La declaración de Castedo transcurrió sin que se pudiesen oír en sala las escuchas después de que Justicia comunicara ayer que no había ningún técnico disponible para desplazarse a Alicante, tal y como había solicitado el instructor de la causa, el magistrado Juan Carlos Cerón, hace unos días pese a que ninguna de las partes lo había pedido expresamente, según explicaron fuentes del TSJ. Desde la Conselleria de Justicia señalaron que el envío de un técnico no es competencia de este área, sino de la Dirección General de Tecnologías de la Información dependiente, a su vez, de la Conselleria de Gobernación. En Justicia se limitaron a recalcar que su competencia es dotar de medios técnicos al juzgado para poder reproducir las grabaciones y que esto ya se tiene, según estas fuentes, que rechazaron cualquier responsabilidad en el envío de los operarios.
Problemas de memoria
Superado el contratiempo, ante el que ninguna de las partes presentó alegación alguna, y dados los problemas de memoria de la exregidora, que no lograba recordar, sin escucharlas, las conversaciones sobre las que se le preguntaba, arrancó el interrogatorio el juez, quien quiso saber por qué se siguió tramitando el plan Rabasa después de que el TSJ lo hubiera suspendido. Una cuestión a la que Castedo respondió explicando las diferencias que existen entre un acto de planeamiento (que es lo que aseguró que se hizo) y uno de ejecución. Y matizó que lo que estaba suspendido era el plan Rabasa, no el convenio con Ikea.
Respecto a quién corrió con los gastos del viaje que la entonces alcaldesa y el exregidor Luis Díaz Alperi realizaron a Oporto a finales de 2008 para entrevistarse con representantes de Ikea, aseguró la política del PP que lo abonó ella de su bolsillo e incluso intentó aportar los movimientos de una tarjeta que, dijo, así lo prueban pero que el juez aconsejó que lo hiciera a través de su abogado. Contó que es política de la multinacional sueca no abonar los desplazamientos pero no explicó, porque tampoco nadie se lo preguntó, por qué un viaje considerado oficial . Eso sí, a preguntas del abogado de Ortiz, aseguró que el empresario no lo hizo.
Ikea también estuvo presente cuando se le preguntó por el sentido de una carta incorporada al sumario en la que la regidora comunicaba a los suecos su intención de realizar unos cambios urbanísticos. La ahora tertuliana de Telecinco explicó que esa carta se la enviaron ya escrita los responsables de Ikea para que ella la firmara y se la reenviara de nuevo, pero que nunca la hizo, aunque parte de lo recogido en la misiva se introdujo después en el convenio urbanístico.
Comidas y viajes
Sobre su relación con el constructor, acerca de la que se interesó el fiscal, precisó que como alcaldesa tenía contacto con muchos empresarios de Alicante, con los que comía y se iba de viaje. Y en el caso de Ortiz agregó que las familias se ambos se conocían y que eran amigos, pero no íntimos.
Tras negarse a responder a las acusaciones populares (que se ejercen en nombre de EU y del PSOE) porque, según dijo, «ya han conseguido su objetivo» (en alusión a su dimisión), Castedo aprovechó las preguntas del abogado del gerente de Urbanismo para romper una lanza por todos los técnicos, de los que aseguró fiarse. Aseveró que nunca les presionó y aclaró que llevar los asuntos por vía de urgencia, como ocurrió en este caso, no es algo inhabitual en el Ayuntamiento.
Briones se interesó también por los intentos de la ex primera edil por encontrar datos con los que atacar al socialista Ángel Luna, un asunto sobre el que el fiscal aportó unos recortes de prensa que el juez no permitió incorporar a la causa, y volvió a reiterar que no había tenido presión alguna ni directa ni indirectamente por parte de Ortiz para que le beneficiara.
