La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sostiene en un informe que analiza distintas extracciones de dinero en efectivo de cuentas ligadas a empresas del promotor Enrique Ortiz que la mujer del empresario sacó 60.000 euros en julio de 2009 de los depósitos a nombre de Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras S.A. cuyo destino fue el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi.
Esa es la conclusión a la que llega la Policía en un informe remitido al juez instructor de la causa que se sigue por presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Manrique Tejada, y en el que se realiza un análisis de esta operación junto a otras dos extracciones de dinero, una por valor de 174.000 y otra de 150.000 euros. Estas dos últimas extracciones provocaron recientemente, como ya publicó este diario, el interrogatorio de dos personas en calidad de detenidos en la Comisaría Provincial y que fueron puestas en libertad tras su declaración.
Según la UDEF, existen indicios suficientes para concluir que el destino de ese dinero sería el exalcalde, y su objetivo sería compensar la compra de dos bungalows en una urbanización promovida por el empresario en la zona del Golf en San Juan por parte de las dos hijas de Alperi, una de ellas, la diputada autonómica por el PP, Elisa Díaz. Esas grandes cantidades y su destino serían llamadas «entregas de bocadillos» por parte del entorno del constructor, según las tesis de la Policía. Son varias las conversaciones donde se habla de la entrega «del bocadillo», y son precisamente estas conversaciones las analizadas al detalle por los investigadores en la documentación remitida al juzgado.
El informe de la UDEF recoge también un pasaje de las escuchas del caso Brugal, así como documentación bancaria, sobre una extracción en julio de 2009 realizada por la esposa de Enrique Ortiz por valor de 60.000 euros cuyo destinatario, según el citado informe, sería el exregidor.
Los pinchazos telefónicos de ese día que obran en el sumario de Brugal y que se recogen concretamente en la causa del Plan General, revelan una conversación entre Maleles -nombre por el que se conoce a la mujer del promotor- y su marido en la que ésta, después de preguntarle si tenía que sacar «lo que me dijiste», le hace saber a Ortiz que «mañana se lo llevaré», a lo que acto seguido el promotor le responde: «sí, al gordo». La Policía vincula esa afirmación, entre otras conversaciones, con el exregidor, con quien Maleles habla esa misma tarde y le pregunta que cómo se ven para que ella se pase por su casa.
El informe se acompaña de extracciones de las escuchas, documentación bancaria y una relación de hechos, aunque será finalmente el juez quien decida el peso de esta diligencia policial en la instrucción.
Según la Policía y la Fiscalía Anticorrupción, una de las contraprestaciones que recibió Alperi por presuntos favores urbanísticos a Ortiz durante los años 2008 y 2009 fue la entrega de las viviendas donde residirían los hijos del exregidor.
En el caso del PGOU están imputados, entre otros, la todavía alcaldesa Sonia Castedo;Díaz Alperi; Enrique Ortiz y su esposa; el redactor del Plan General de Alicante, Jesús Quesada y el hermano de Castedo y su exsocio.
Las diligencias se instruyen en el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante después de que la causa volviera a Alicante tras la dimisión de Alperi y Castedo como diputados autonómicos. Al perder su condición de aforados, el procedimiento dejó de ser instruido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y pasó de nuevo al juez que abrió diligencias. Alperi y Castedo están imputados por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada en el Plan General de Alicante.
