El Consell ha dado de baja 270,3 millones de euros en ingresos procedentes del Gobierno al renunciar a cobrar el convenio que firmaron en 1999 dos secretarios de Estado del Ministerio de Hacienda -entre ellos, Juan Costa- y el exconseller de Economía Vicente Rambla. Pero no es el único boquete en las cuentas autonómicas sobre el que alerta la Sindicatura de Comptes en su última fiscalización de la gestión de la Generalitat en 2013. El auditor público advierte de que, al margen, el Ejecutivo de Alberto Fabra mantiene como pendiente de ingresar la friolera de 338,2 millones que considera de «dudoso cobro», por lo que, recalca, «la provisión para insolvencias debería incrementarse» en la citada cuantía. Del total, hasta 191,2 millones son subvenciones de la Unión Europea que están en el aire y que podrían ya no percibirse nunca en las arcas autonómicas.
Tal como informó este diario, el Ejecutivo anuló en 2013 nada menos que 270,3 millones en fondos que llevaba consignando durante 15 años a la espera de que Madrid los abonara. El dinero era la consecuencia del convenio que el 29 de diciembre de 1999 firmaron Juan Costa (secretario de Estado de Hacienda) y José Folgado (secretario de Estado de Presupuestos) con Rambla para que el Gobierno financiara obra ya ejecutada y pagada por el Consell. El compromiso del Gobierno de Aznar no llegó a satisfacerse aunque la Generalitat siempre mantuvo que estaba haciendo gestiones para su cobro. El Síndic avala la anulación porque los ingresos se computaron a través de una figura contable, los «derechos definidos», que no está prevista en las normas contables del Estado. Pero eso no significa para que los auditores no consideren que haya que hacer gestiones para recabar esos fondos. El Gobierno de Rajoy tampoco ha asumido aquel compromiso del Ejecutivo de Aznar. Aquel convenio permitió a Zaplana liquidar 1999 con un pequeño déficit de 61,78 millones, en lugar de uno de 333, y así afrontar las generales de 2000 sin lo que habría sido entonces un escándalo.
Al respecto, el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, alegó ayer que se anularon los derechos definidos pendientes de cobro, que estaban «provisionados como derechos de dudoso cobro al 100%», siguiendo «las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes». Sin embargo, señaló que esta anulación «no implica ninguna renuncia formal ni de ningún otro tipo», de forma que el Consell seguirá peleando en otros ámbitos por lograr esos fondos reconocidos por los representantes del Gobierno de Aznar. En la práctica, no obstante, el mantenimiento en las cuentas era la única percha contable que le quedaba. Moragues, que enfatiza que cuando el Estado reconozca esos recursos los computará en la contabilidad «con los principios contables públicos», insistió en que el Consell «no ha renunciado ni perdonado el cobro de ningún derecho procedente del Estado».
Normas aplicables erróneas
La anulación del convenio de Costa y Rambla no es la única vía de agua. El Síndic subraya que, «a pesar del importante saneamiento realizado y sin perjuicio de que se efectúen las gestiones de cobro que procedan», debería aumentarse la «provisión para insolvencias» con los citados 338,2 millones. Esta suma se desglosa entre 147 millones de ingresos pendientes de los ejercicios 2008 y anteriores, «teniendo en cuenta sus posibles grados de realizados», y, referido al periodo 2009 a 2012, los mencionados 191,2 millones de fondos europeos. El auditor señala que estos fondos se incluyeron en las previsiones de ingresos pero, alerta, «se observa un bajo grado de cobro, sin perjuicio de los amplios plazos del procedimiento». En otro momento, advierte de que la Generalitat computa la llegada de esos fondos de la UE «sobre la base de los principios contables públicos aplicables con carácter general al reconocimiento de derechos y no de los principios específicos de las transferencias y subvenciones que serían los aplicables a estos casos».
El portavoz de Economía del PSPV, Julián López, censuró la «gestión caótica y la desidia» del Consell que, dijo, es «incapaz de administrar correctamente los ingresos de la Generalitat». López lamentó que «mientras Monago consigue parte de la deuda histórica del Gobierno, el Ejecutivo de Fabra renuncia a cobrar más de 270 millones que nos adeuda el Estado desde finales de los 90». A su juicio, la «caótica» gestión de Fabra «pone en peligro el cobro de fondos europeos y, además, renuncia a más de 270 millones de fondos estatales y a la deuda histórica». «El auditor revela que el Consell, por su desidia y dejadez, tiene 338 millones de ingresos que son de dudoso cobro».
