La Policía ha detenido a dos personas vinculadas al empresario Enrique Ortiz para interrogarles en relación a la presunta entrega de grandes cantidades de dinero en efectivo al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi. Los arrestos se produjeron el jueves por la tarde tras citar los agentes a los investigados, a los que se pidió que acudieran a Comisaría acompañados de abogado, por un presunto delito de cohecho que tendría que ver con la extracción de más de 170.000 euros de cuentas ligadas a los negocios de Ortiz y cuyo destino final estaría relacionado con los bungalows del promotor que ocupaban las dos hijas de Alperi en la playa de San Juan.
Entre los detenidos figura el responsable de las constructoras de Ortiz, Santiago Bernáldez, y un empresario alicantino, Pablo Rico, quien habría llevado a cabo materialmente los citados reintegros bancarios. Ambos quedaron en libertad tras su declaración ante la Policía y a disposición de lo que determine el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que investiga las presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.
Una tercera declaración
Los agentes también interrogaron a un administrador concursal ligado a una de las empresas indagadas, pero su implicación en los hechos quedó descartada ya que su relación con la cuenta de la que se extraía el dinero es bastante posterior a los hechos, según ha podido saber este diario.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitido al juzgado -y que ha dado origen a esta intervención policial- vincula las altas extracciones monetarias de una cuenta ligada a empresas de Ortiz con el dinero que la esposa del promotor, Manuela Carratalá, conocida por Maleles, hizo llegar presuntamente al exalcalde de la ciudad. Según la Policía, los investigados se refieren a entregas de dinero denominadas «bocadillo» en las escuchas interceptadas en el caso Brugal.
Las investigaciones de la UDEF concluyen que desde una cuenta de la que era titular la UTE Hospital Elche-Crevillente, y en la que Ortiz y Bernáldez figuraban como apoderados, se transfirieron 174.000 euros a otra cuenta a nombre de una empresa de extintores que habría simulado un trabajo para la UTE. De esta cuenta, ligada a Pablo Rico, se extrajeron a través de un pagaré 174.000 euros que fueron supuestamente entregados en mano a Santiago Bernáldez y al hermano de Ortiz, Virgilio Ortiz, que actualmente se encuentra convaleciente tras un accidente de tráfico, por lo que no ha sido citado a declarar.
Según el último informe de la UDEF tanto Bernáldez como el hermano de Ortiz esperaban en la puerta del banco el 25 de octubre de 2008 -en esas fechas se ultimaba el PGOU y se tramitaba el Plan Rabasa- para recoger el dinero que presuntamente sería recibido por Alperi. La nueva información de la UDEF entregada ayer al juzgado sostiene que los 174.000 euros estarían vinculados a la vivienda de Elisa Díaz, hija de Díaz Alperi y diputada autonómica, quien habría adquirido la vivienda de Ortiz por unos 200.000 euros a través de una hipoteca, pero cuyo gasto estaría compensado por Ortiz con esta transacción.
Hay otra extracción dineraria investigada de 150.000 euros, y realizada justo un día antes que la anterior, en la que Bernáldez y Virgilio Ortiz avisan a Maleles para informarle de que tienen el «bocadillo» y que se lo van a hacer llegar. Según los agentes, los 150.000 euros fueron extraídos con el objeto de entregárselos a Alperi a través de la esposa de Ortiz, imputada en los presuntos amaños del PGOU por figurar como supuesta intermediaria de los regalos de su marido a cargos públicos.
Las últimas investigaciones revelan la identidad de la persona de la que presuntamente se valió Enrique Ortiz, siempre según las tesis de la Policía, para ocultar la vinculación entre el dinero de sus cuentas y Alperi. Esa persona sería Pablo Rico, detenido el jueves.
Los agentes constatan que las cantidades extraídas vendrían a compensar la adquisición de las viviendas de las hijas de Alperi en una urbanización promovida por el empresario y determinan que la extracción de 174.000 euros fue directa a la compra de la casa de Elisa Díaz. La otra hija del político del PP también ocupó una vivienda en la misma urbanización que su hermana al igual que el único hijo varón del exregidor.
En el caso del PGOU están imputados, entre otros, la alcaldesa Sonia Castedo;Díaz Alperi; Enrique Ortiz y su esposa; el redactor del Plan General de Alicante, Jesús Quesada y el hermano de Castedo y su exsocio. Las diligencias volvieron al juez Manrique Tejada tras abandonar Castedo y Alperi Les Corts y perder su condición de aforados.
