20 de diciembre de 2014
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Anticorrupción se querella contra Camps por malversación y «despreciar» la ley en la F-1

La Fiscalía acusa al expresidente de la Generalitat de eludir «todos los procesos administrativos de contratación pública» y de «beneficiar» a un «amigo»

22.12.2014 | 01:06
Anticorrupción se querella contra Camps por malversación y «despreciar» la ley en la F-1

Malversación de caudales públicos y prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción de Valencia acaba de presentar una querella contra el ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y le atribuye esos dos delitos por impulsar el contrato de la Fórmula Uno en Valencia y la compra de Valmor Sports, la empresa privada que a priori debía organizar la prueba. La querella se extiende también a la exportavoz del Consell Lola Johnson, a la que Anticorrupción atribuye malversación, prevaricación y un delito societario; y al expiloto de motos Jorge Martínez Aspar, también socio de Valmor, como cooperador necesario de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación.

El texto que ha presentado la Fiscalía en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es demoledor. A Camps, entre otros aspectos, le acusa de «beneficiar a su amigo Aspar», de eludir «todos los procedimientos administrativos de contratación pública» y de realizar un «consciente desprecio hacia la legalidad vigente». La querella radiografía en 18 folios cómo se gestó la llegada de la Fórmula Uno a la Comunidad, cómo la Generalitat rescató a Valmor Sports y asumió todas sus deudas, y cómo se «engañó» a la junta general de Circuito del Motor (otra firma pública del Consell) para adquirir esa empresa por un euro.

El origen se sitúa en abril de 2006. Por aquel entonces, Camps mantuvo varias reuniones en Valencia con el patrón de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, con el objetivo de que la capital del Turia pudiera acoger una prueba del Campeonato del Mundo. Ecclestone puso dos condiciones: que fuera en un circuito urbano y que las negociaciones se realizaran directamente con el presidente de la Generalitat. Así fue.

En marzo de 2007 la Conselleria de Infraestructuras asumió la competencia para construir el trazado y Camps animó a su «amigo» Aspar a que crease una sociedad para organizar la prueba «y se pudiera beneficiar con ello». Finalmente, el patrón de la F-1 firmó el contrato «con quien le dijo Camps». Es decir, Aspar. Pero al actuar de ese modo, el expresidente «eludió todos los procedimientos administrativos de contratación pública, interponiendo una empresa privada, sabiendo que quien iba a desarrollar el proyecto era una empresa pública». Y es que cuando se selló el contrato, Aspar ya sabía que no podía organizar la prueba al carecer de la perceptiva licencia federativa. La competición, por ende, la debía gestionar el Circuito del Motor.

Solicitud de auxilio
Tras la celebración de la primera prueba en 2008, Valmor solicitó auxilio económico al entonces vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, ante las pérdidas registradas. «Esta inusual forma de actuar», según la querella, tenía su origen en el «respaldo económico» que había dado Camps. Las presuntas irregularidades no se quedaron ahí.

Ante la imposibilidad de que Valmor abonara el canon anual de la prueba (hasta 26 millones anuales), el ex jefe del Consell decidió que esa carga la asumiera a partir de entonces la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos. Esta fue el «segundo rescate» a Valmor. El primero se realizó al correr con los gastos de organización de la prueba.

El 13 de julio de 2011, ya después de las elecciones y con las arcas de la Generalitat bajo mínimos, Camps volvió a reunirse con Ecclestone en Londres y negoció «directamente» con él un contrato para que Valencia se convirtiera «de manera exclusiva» en la única organizadora de una prueba en España. Además, la Generalitat se convirtió en avalista de Valmor. «El Sr. Camps con consciente desprecio hacia la legalidad vigente, asumió ante el Sr. Jorge Martínez y el Sr. Ecclestone avalar a Valmor Sports S.L. en sustitución de Bancaja», reza la querella de Anticorrupción.

Ese contrato lo firmó la entonces consellera de Turismo, Lola Johnson, «sin tener competencia para ello, sin que se siguiera ninguno de los procedimientos fijados en la legislación autonómica y sin autorización del Consell». Entonces, ¿por qué lo hizo? La querella lo aclara acto seguido: «Porque el señor Camps les ordenó de manera urgente que ese contrato debía firmarse ese día (el 19 de julio de 2011) y enviarse a Londres a las oficinas del Sr. Ecclestone, pese a saber que no se había seguido la tramitación exigida por la legislación vigente».

Fue una de las últimas decisiones que adoptó el exvicepresidente y hoy diputado autonómico. Al día siguiente presentó su dimisión en pleno escándalo por los supuestos trajes que recibió de la trama Gürtel (finalmente fue absuelto en el juicio).

En octubre, los socios de Valmor (entre ellos también Fernando Roig) dijeron basta y trasladaron a la vicepresidenta, Paula Sánchez de León, que el negocio «no era rentable y la situación insostenible». Dos meses después, el Circuito del Motor reunió a su consejo de administración y acordó la compra de Valmor para garantizar el mantenimiento de la prueba. «La decisión ya estaba tomada de antes», llegó a advertir el secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón.

Johnson, por su parte, defendió que la compra se realizaba para evitar pagar una sanción a Ecclestone porque Valmor no iba a poder afrontar la organización del evento. «Dolores Johnson engañó al resto de miembros de la junta general, al no decirles ni explicarles que la compra (...) suponía la condonación a Valmor de 14 millones de euros que adeudaba al Circuito del Motor y asumir los más de 31 millones de euros de pasivos frente a terceros».

Fue en marzo de 2012 cuando se formalizó la compra y la Generalitat adquirió las acciones de una empresa que se encontraba al borde de la quiebra.

Y ahora, Anticorrupción ha presentado la querella horas después de que Bernie Ecclestone contestara a sus preguntas. El multimillonario británico respondió el jueves desde Londres al cuestionario remitido por el fiscal.

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