La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo creado a instancias de la Unión Europea para vigilar el déficit en España y adscrito al Ministerio de Hacienda, rectificó ayer el informe referido a la C. Valenciana que hizo público el 5 de diciembre para admitir que la Generalitat sí tiene base legal para incluir en los presupuestos de 2015 el anticipo de 1.178 millones del Fondo de Competitividad que debería cobrarse en 2017 y que el Ejecutivo autonómico reflejó en el proyecto económico para cuadrar las cuentas. El documento inicial fue un duro golpe para el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, al dejar en entredicho las cuentas del próximo año. La Generalitat se dirigió a la AIReF para rebatir la tesis del organismo independiente y finalmente éste ha aceptado matizar su informe. La conclusión es que el Consell sí tiene base legal para presupuestar esos 1.178 millones, toda vez que, aunque no están reflejados en los Presupuestos Generales del Estado, tiene todo el próximo año para, vía negociación, lograr ese reconocimiento. Cuestión aparte es que la AIReF deja patente el «elevado riesgo» de desviación del objetivo del déficit que supone su inclusión, precisamente por la falta de compromiso del Estado.
A diferencia del Fondo de Competividad, la Autoridad Fiscal recalca también que la Generalitat carece de base legal y fundamento para reclamar los 1.000 millones del Fondo de Nivelación referidos a 2014 que reivindicó el presidente, Alberto Fabra, como compensación al no haberse modificado el sistema de financiación. Y ello porque, a estas alturas del año, no ha logrado el compromiso del Estado.
