16 de diciembre de 2014
16.12.2014
Caso Gürtel

El juez cifra la financiación ilegal del PP en 4 millones y procesa a la cúpula de Camps

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana cierra la instrucción y sitúa al borde del banquillo a los jefes de las finanzas del partido y también a empresarios como Enrique Ortiz o Martínez Berna

16.12.2014 | 21:15
De izquierda a derecha Vicente Rambla, Ricardo Costa y David Serra

El juez del TSJ de la Comunidad, José Ceres, cerró ayer la instrucción del núcleo esencial del caso Gürtel con el procesamiento de cinco dirigentes del PP, la antigua cúpula de Francisco Camps, por la supuesta financiación irregular del partido, de diez empresarios por realizar aportaciones ilegales –entre ellos Enrique Ortiz– y de cinco cabecillas de la trama. Ceres concluye en un auto de 217 páginas que la organización regional del PP durante la etapa de Camps decidió la contratación de Orange Market para las campañas electorales de 2007 y 2008 y cifra la presunta financiación ilegal en cuatro millones. El magistrado procesa, entre otros, al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, al exnúmero dos del PPCV y diputado Ricardo Costa, al exsecretario autonómico David Serra, y a los constructores Rafael Martínez Berna y el citado Ortiz. La Fiscalía y el PSPV, que ejerce la acción popular, tienen 20 días para presentar sus escritos de acusación y pedir la apertura de juicio oral. Los políticos, según fuentes cercanas al caso, podrían enfrentarse a penas de entre 1 y 4 años de cárcel.

La rama valenciana de Gürtel está dividida en seis piezas. Ceres cerró ayer las dos primeras (centradas en la financiación del PPCV en las autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008) y la sexta (que aborda los delitos fiscales cometidos por la trama). El magistrado ha llegado a la conclusión de que el partido popular tenía tres formas de sufragar sus gastos electorales: con abonos legales, con dinero negro y con aportaciones de siete constructoras que contrataban servicios ficticios a Orange Market. El juez precisa que Orange Market facturaba por una parte los pagos declarados en la cuenta denominada «Alicante» y los pagos con fondos ajenos al circuito económico oficial (dinero en B) en la cuenta «Barcelona». El magistrado añade que la tercera vía de ingresos supuestamente provenían de pagos a Orange Market de las constructoras Hormigones Martínez, Pavimentos del Sureste, Facsa, Dols y Piaf, Enrique Ortiz e Hijos, Lubasa y Sedesa. El juez también investigó a Cyes y a su presidente –Felipe Almenar–, pero considera que no hay indicios contra ella.

El auto del magistrado apunta que en las elecciones autonómicas de 2007 el PP presuntamente ingresó irregularmente entre 2,5 y 2,69 millones de euros. Ceres añade que en las municipales de 2007 supuestamente no se declararon 205.927 euros. El juez investigó actos electorales montados por Orange Market –la filia valenciana de la trama al mando de El Bigotes– en 32 municipios, aunque responsabiliza de todos los que están bajo sospecha al comité regional. Con respecto a la campaña de 2008, José Ceres subraya que los ingresos irregulares superan el millón de euros. El auto recoge las conclusiones de dos inspectores de la Agencia Tributaria que indican que el PP abonó oficialmente a Orange Market 485.000 euros, pagó supuestamente «en B» otros 405.000 y la firma de Correa rebajó al partido otros 683.524 con facturas emitidas a terceros.

El magistrado ha procesado por la pieza primera a Vicente Rambla, Ricardo Costa, Cristina Ibáñez (gerente regional del PPCV) y David Serra. En la segunda pieza repiten como procesados los mismos políticos y Yolanda García (ex gerente regional del PPCV). La gerente del PPCV alegó que su trabajo es meramente administrativo. El juez considera que no es razonable el desconocimiento que alegó Ibáñez sobre unos pagos y gastos «tan reiterados y voluminosos». Por su parte, el ex número dos del PPCV advirtió al juez de que Ibáñez era la responsable de la contabilidad desde 1995 y que se encargaba de la gestión y los pagos. Sin embargo, el juez sostiene que también hay indicios contra Ricardo Costa –que al igual que el exvicepresidente Vicente Rambla está convencido de su inocencia– como la «aparición reiterada de las siglas RC en diversos archivos» internos de Orange Market.

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