La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo creado a instancias de la UE para velar por el cumplimiento del déficit en España y adscrito al Ministerio de Hacienda, sacó ayer los colores al Consell al poner en evidencia que ha hinchado los ingresos previstos en los presupuestos de 2015 que todavía no se han aprobado en las Cortes al incluir el anticipo del Fondo de Competitividad que debería cobrarse en 2017 y el impuesto a los bancos. «No existe constancia expresa ni fundamento legal» que «avale la obtención» de estos recursos por parte del Estado, señala la AIReF.

El pronunciamiento desmonta la tesis del Consell de que tiene cobertura legal para incluir esos ingresos. La entidad advierte que, para pedir el anticipo del fondo de mil millones, tiene que estar previsto en los Presupuestos del Estado y, sobre los 201 millones por el impuesto bancario, mantiene que el Consell llegó tarde en la regulación de la tasa. La AIReF, que prevé que la Generalitat cierre 2014 con un déficit de entre el 2,2 y el 2,4 % del PIB, muy superior al tope del 1 %, insta al departamento de Montoro a reclamar a la Generalitat que adopte «medidas», toda vez que «tiene que reducir su déficit en 1.422 millones, el 1,4 % del PIB» entre 2014 y 2015.

El organismo estatal hizo ayer público un informe sobre las siete comunidades, entre ellas la valenciana, en las que ha observado riesgo de incumplir el déficit en 2014 y, por tanto, en 2015. Por primera vez, el organismo ha decidido activar poderes para reclamar «ya» medidas de ajuste en las siete, con el fin de que no vulneren el límite. Así, da por hecho que lo incumplirán en 2014 Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, que cerrarán con un desfase «superior al 2 %», mientras que ve un riesgo «elevado» en Castilla-La Mancha, Andalucía y Baleares, donde prevé que rebasen el 1,3 %. La entidad, que preside José Luis Escrivá, estrena una facultad que le otorga la ley cuando detecta riesgos de desviación y el Gobierno no actúa, para solicitar al ministerio la aplicación de las medidas «preventivas» del artículo 19 de la ley de Estabilidad Presupuestaria. Si Montoro no las tomara, tendrá que «explicar en público por qué no las adopta». Ahora debe iniciarse un procedimiento por el que el ministro remitirá a las siete autonomías un «requerimiento» con una «advertencia motivada», previa audiencia de éstas. El Consell tendrá un mes para «adoptar las medidas necesarias». En caso de no hacerlo, se aplicarían medidas «correctivas» y si persiste, «coercitivas», como la no disponibilidad de crédito y hasta una multa de 200 millones.

En un anexo específico para la Comunidad, la AIReF ve irreales hasta 2.653 millones en ingresos consignados por el Consell para 2014 y en el proyecto de presupuestos de 2015. El grueso se centra en el Fondo de Competitividad y el impuesto a los bancos. Así, destaca que en las cuentas de 2015 el Consell «computa» 1.178 millones por el anticipo del fondo correspondiente a ese año pero que se percibe en 2017, ya que «entiende que puede percibirlo en aplicación del artículo 64 de la ley 22/2009», de financiación autonómica. «Sin embargo añade, el anticipo no está previsto en los presupuestos del Estado, circunstancia que exige el citado artículo».

Critica la reversión de recortes

La sorpresa es que, según revela la AIReF, la misma maniobra la intentó el Consell en el Plan de Ajuste pendiente de aprobar por Hacienda, de forma que el fondo de nivelación de 1.000 millones que pidió el presidente Fabra por la discriminación en la financiación autonómica era, en realidad, el anticipo del Fondo de Competitividad de 2014 que debería cobrarse en 2016. En total, 2.178 millones que se cobrarían este año y el próximo, cara a las elecciones, y que dejarían de percibirse en 2016 y 2017.

Sobre el impuesto a los bancos, en el que el Consell ha previsto 230 millones en 2014 y 201 en 2015, la entidad recalca que «no se espera la realización de estos ingresos», ya que reguló la tasa después de que el Estado lo hiciera.