La Fiscalía de Valencia ha denunciando en el juzgado a Rafael Piqueras, exjefe de los escoltas del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por el interrogatorio al que sometió a Juan Botella -periodista y responsable de prensa del vicepresidente José Ciscar- durante la investigación abierta para averiguar la identidad del topo del Palau en Presidencia. El fiscal considera que Rafael Piqueras ha podido cometer un delito contra la integridad moral o subsidiariamente un delito de coacciones. La investigación de la Fiscalía partió de la denuncia que presentó la Conselleria de Gobernación hace un mes.
El ministerio público ha interrogado en los últimos días a Piqueras y al periodista supuestamente presionado, y ha apreciado indicios delito. El escándalo, adelantado por INFORMACIÓN el sábado 4 de octubre, dio lugar a una investigación interna. El expediente recoge que Piqueras interrogó el 22 de julio en comisaría al periodista Juan Botella sin que existiera ninguna investigación policial abierta. Según reveló el conseller de Gobernación, Luis Santamaría, la entrevista se produjo a petición de Rafael Piqueras con el objetivo de indagar sobre la autoría de las filtraciones de documentación sensible. El interrogatorio se produjo en el despacho en dependencias policiales de Piqueras durante aproximadamente cuarenta minutos.
El 22 de julio, el por entonces jede de los escoltas de Fabra había acudido a una reunión de trabajo en Presidencia y al salir de ella preguntó por Botella al subsecretario de Presidencia, Rafael Sánchez-Pellejero. El alto cargo se lo llevó al despacho del periodista y se lo presentó. Según ha mantenido hasta ahora el exjefe de seguridad, la entrevista entre ambos transcurrió con normalidad, mientras que el periodista asegura que a pesar de haber acudido voluntariamente a comisaría, una vez allí y frente a frente con el inspector se sintió «fuertemente presionado».
Acta
Según ha trascendido, el periodista acudió a un notario para dejar constancia por escrito de lo ocurrido. En el acta notarial se reflejan las supuestas coacciones a las que fue sometido el asesor de Císcar en el intento de conseguir el nombre del presunto filtrador de la Generalitat.
En el expediente que abrió la Conselleria de Gobernación antes de remitir el asunto a la Fiscalía de Valencia, se tomó declaración a un total de diez personas.
El policía denunciado por la Fiscalía aterrizó en el Palau de la Generalitat en mayo de la mano, según mantienen algunas fuentes, de la secretaria autonómica de Organización, Esther Pastor. El inspector mantuvo ante su jefe que no recibió orden alguna y actuó en base a sus competencias. Fuentes próximas al caso informaron ayer de que ha mantenido la misma versión ante la Fiscalía.
La Conselleria de Gobernación apartó de su puesto a Rafael Piqueras el 15 de octubre tras cerrar el expediente. El policía se enfrenta a un proceso sancionador y a una posible acusación por un delito contra la integridad moral del jefe de prensa de Císcar.
El conseller de Gobernación insistió durante la presentación de los resultados de las pesquisas internas que Piqueras actuó por su cuenta ya que «ningún responsable de la unidad adscrita a la policía nacional ni ordenó ni autorizó la investigación» en el departamento de Presidencia.
La propia conselleria destacó que se enteró de los hechos por las informaciones publicadas por este periódico y al entender que se trataba de información relevante decidió a su vez la apertura de la investigación interna.
