La exdirectora de Grandes Proyectos de la Generalitat Cristina Morató declaró ayer ante el juez que la decisión política de pagar al arquitecto valenciano Santiago Calatrava los 1,3 millones correspondientes al coste del proyecto básico del Centro de Convenciones de Castellón fue del entonces conseller de Economía y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), Gerardo Camps, ahora diputado en el Congreso de los Diputados. Con esta declaración, la figura de del dirigente político benidormense queda vinculada a los pagos a Calatrava.