11 de noviembre de 2014
11.11.2014

La Fiscalía atribuye a Cotino prevaricación, cohecho y malversación en la visita del Papa

El juez del caso Gürtel en el TSJ imputa al expresidente de las Cortes mientras el fiscal ve «una pluralidad de indicios racionales y fundados» de su implicación

11.11.2014 | 13:01

Veintiocho días después de dimitir como presidente de las Cortes y dejar la política para dedicarse al cultivo del caqui, Juan Cotino fue citado ayer a declarar como imputado por el juez del caso Gürtel en el TSJ valenciano, José Ceres, en la pieza que investiga la presunta comisión de unos tres millones que se embolsó la trama por el contrato de 7,5 millones adjudicado por Canal 9 a Teconsa para la cobertura audiovisual de la visita del Papa Benedicto XVI en julio de 2006. Ceres llama a Cotino para el día 28, a las 11. El juez actúa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que la semana pasada remitió un escrito en el que aprecia «una pluralidad de indicios racionales y fundados» sobre la participación de Cotino «en hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho». Según el fiscal, varios testigos, correos electrónicos, documentación de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias y varios informes de la Udef apuntan que Cotino estaba detrás de las decisiones.

Es la primera imputación que pesa sobre el exdirector general de la Policía con Aznar, referente del sector cristiano del PP y padre político de Camps. Al adelantar al 13 de octubre pasado su abandono de la política tras 40 años, se evitó tener que dimitir de las Cortes forzado por la «línea roja» de Fabra. En la misma pieza de Gürtel están también imputados el exdirector de RTVV Pedro García y los miembros de la red Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Para Cotino, puede ser el inicio de un via crucis judicial, ya que se ve salpicado por la presunta financiación irregular del PP vía contratos públicos a Sedesa (firma presidida por su sobrino Vicente Cotino), así como por el caso Bárcenas y la supuesta donación de 200.000 euros a Génova. La Fiscalía investiga asimismo si benefició a Gerocentros (participada por Sedesa) en las adjudicaciones de plazas de residencias. En el caso Brugal, hay conversaciones de su sobrino con el constructor Ortiz en las que se hablaba de que ayudaría a agilizar los procedimientos.

En su escrito, la Fiscalía refiere que Cotino, quien en 2006 era conseller de Agricultura y sin cargo alguno en la Fundación, es señalado por «numerosos testimonios» como el que decidía. Así, se recuerda la declaración de José Selva, exrresponsable del área de infraestructuras de la fundación, que manifestó «que Cotino le dijo en marzo de 2006 que se había decidido que fuera RTVV la adjudicataria y que, con el informe favorable de los técnicos de RTVV se había adjudicado a Álvaro Pérez, fecha en la que no se había publicado ni iniciado la tramitación del expediente».

El «elemento nuclear»
También se cita el testimonio clave de Luis Sabater, jefe técnico de RTVV e imputado, a quien Cotino le dijo que «mantuvo reuniones con Pedro García haciéndole saber que le había 'tocado lo de las pantallas'», o de Javier Arnal, responsable de comunicación de la fundación, que señaló que Cotino era el que «hablaba con RTVV lo que era la contratación». El fiscal cita el informe de la Udef del 24 de julio, que describe al extitular de las Corts como el «elemento nuclear en la toma de decisiones». Cotino siempre ha negado cualquier protagonismo en esas decisiones. Se considera un voluntario más. De hecho, al airearse el informe de la Udef, anunció que ampliaría la denuncia contra el policía autor.

El juez Ceres cita a declarar a otras ocho personas. El mismo día 28 lo hará como imputado el administrador único de Impacto Producciones (subcontrata de Teconsa), Francisco Javier Arnuncio Perujo. El 26, en la misma condición, los exdirectivos de RTVV Vicente Sanz –ex secretario general de la sociedad y procesado por presuntos abusos sexuales a tres extrabajadoras–; José Llorca, ex director de TVV; y Juan Prefaci, ex secretario general que relevó a Vicente Sanz. Así mismo, Ceres imputa a la que fue abogada de RTVV, Encarna Pérez; al exjefe de la sección de Compras, Benjamín Íñiguez; y a Víctor Llanes, del área jurídica del ente. La cúpula de RTVV con Pedro García. Declararán el 24, junto a Francisco Gómez, como testigo.

Anticorrupción pedía la imputación de Sanz, Llorca, Prefaci, Íñiguez y Pérez por presunta prevaricación, falsedad en documentos públicos y malversación, relacionados con las «irregularidades» en la «creación y/o aprobación» de los pliegos y otros documentos y la propuesta de la mesa de contratación en favor de Teconsa. El fiscal ve indicios a partir de las declaraciones de los miembros del órgano de contratación, Sanz, Llorca, Prefaci, Íñiguez y Pérez, «contrastadas» con las de los «imputados» Sabater y Ricardo Calatayud. De Sanz y Prefaci señala que, tras el testimonio de Noelia Estarlich (exjefa de recursos humanos), se desprende la posible prevaricación, malversación y cohecho en la contratación de la seguridad de las pantallas de vídeo.

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