Ante la Fiscalía provincial ha llevado el histórico dirigente socialista Ángel Franco su malestar con la Policía por las investigaciones que le atribuyen un «papel clave» en la aprobación del macroplan urbanístico de Rabasa que promueve el empresario Enrique Ortiz. Una actuación bajo sospecha objeto de una investigación judicial tras la denuncia presentada por EU en la que, entre otros y además de Ortiz, ha sido citados a declarar como imputados la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y la responsable jurídica de este área, Isabel Campos. Testimonios en suspenso en estos momentos en tanto el instructor del proceso, Juan Carlos Cerón, resuelve si las actuaciones que sostienen la causa fueron ordenadas por el juez competente para hacerlo y, por lo tanto, son válidas.
Molesto con las conclusiones que sobre él arroja el informe policial elaborado en el marco de esta investigación, el exsenador del PSOE, en la actualidad de baja como militante a raiz de hacerse público el contenido del documento, presentó la pasada semana una denuncia ante el Ministerio Público en la que arremete contra la Policía por sus «consideraciones subjetivas y parciales basadas en meras interpretaciones distorsionadas de presuntas intenciones que nunca han existido para adjudicarme un papel "clave" en la aprobación definitiva del plan Rabasa (al que se dio luz verde con los votos de PP y PSOE contando sólo con la negativa de EU), todo ello con el consiguiente daño personal, familiar y político que se me ha causado y que es una consecuencia natural, y quizá buscada, del contenido de dicho informe», recoge la denuncia.
El mismo ataque que Castedo
En línea con los argumentos que también ha venido utilizando Castedo para desprestigiar el trabajo policial que la involucra en el proceso abierto por los presuntos amaños del PGOU, Franco ataca a los agentes que le sitúan como «intermediario» para una reunión en la que Ortiz tenía interés para desbloquear el macroyecto al afirmar que «con dicha interpretación, a todas luces subjetiva e interesada, no sólo se está actuando con escasa profesionalidad sino que se está faltando voluntariamente y de forma clamorosa a la verdad en la narración de los hechos por cuanto ni he mantenido "una relación constante" con el señor Enrique Ortiz a los efectos de la intermediación del Plan Rabasa (como afirman los funcionarios policiales) ni he gestionado ni intermediado actuación alguna con ningún cargo, relevante o no, ni de la administración estatal ni de la adscripción socialista ni de ningún otro partido político ni para el señor Ortiz ni para nadie resultando sorprendente (...) el distinto rasero con el que los funcionarios policiales actúan en función de la persona a la que tiene que valorar».
En apenas tres folios, Franco acusa también a los agentes de utilizar «términos ambiguos, confusos o tendenciosos», asegura que su comportamiento está «muy alejado de las normas que regulan y deben guiar su actuación profesional» y pide a la Fiscalía que expida un oficio a la Dirección General de la Policía para que identifique a los agentes firmantes del informe. También insta al fiscal a que reclame una copia del citado documento, algo que ya le pidió Franco a Cerón, quien se de lo denegó tras explicarle que ni estaba imputado ni era parte en el procedimiento. La declaración del exsenador, pedida por EU desde que presentó la denuncia, está a expensas de que la acuerde el juez.
