La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, retó ayer a la oposición en las Cortes a que sea «valiente» y diga si anularán el copago , también de las mayores, si acceden al Gobierno valenciano tras las elecciones de mayo de 2015. «Sería la primera comunidad de toda España que lo haría», añadió la titular de Bienestar Social, durante la Comisión de Economía de las Cortes Valencianes, donde compareció para presentar los Presupuestos de 2015, donde su departamento ha aumentado las cuentas para el próximo año en un 19% respecto a las actuales. Por su parte, la oposición recordó ayer el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que anuló el decreto del Consell que fija los precios del copago de servicios sociales para mayores y discapacitados no dependientes. «Su presupuesto aumenta a través de un copago que introducen por la puerta de atrás, en la Ley de Acompañamiento», señaló la diputada Esther López (EU).
También acudió ayer a la Comisión de Economía de las Cortes el conseller de Sanidad, Manuel Llombart. El titular del área destacó que el próximo año los profesionales sanitarios recibirán el cien por cien de los complementos retributivos derivados de la carrera y el desarrollo profesional. El socialista Ignacio Subías atribuyó esta medida a que «se acercan las elecciones». Por su parte, Mònica Oltra (Compromís) señaló que las cifras del presupuesto son «mentira» y que se han elaborado «desde el absurdo» y «llevan a la bancarrota». Llombart alegó que el gasto sanitario per cápita en la Comunidad está por debajo de la media nacional, lo que atribuyó a las carencias en financiación.
Por su parte, la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, admitió que la decisión más dura que ha tenido que tomar durante la legislatura fue la reducción de puestos de trabajo por los ERE realizados en Ferrocarrils y Vaersa. Bonig explicó que Infraestructuras manejará un presupuesto de 340 millones, el 2% del total de la Generalitat, y aseguró que de forma inmediata los afectados por el retraso de las ayudas a la compra de una VPO cobrarán 40 millones de euros.
En la Diputación, PP y PSPV pactaron una moción en la que se solicita al Consell que la nueva regulación del copago se ajuste a los criterios mínimos que establece el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
