31 de octubre de 2014
31.10.2014

Castedo intenta evitar otro pulso con Fabra y apoyará excluir a los imputados de las listas

Gran despliegue policial ante el pleno en el que la alcaldesa de Alicante apoyará hoy una iniciativa de UPyD para que no haya imputados en las listas y sortear así una ruptura en el equipo de gobierno y que el PP la sancione

31.10.2014 | 13:30

La alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, preside desde minutos después de las 9.30 horas el pleno del ayuntamiento en el que está previsto votar una moción de UPyD en la que se insta a los partidos políticos a excluir de las listas electorales a los imputados por corrupción.

A diferencia de la sesión plenaria de septiembre, cuando centenares de personas pidieron a gritos desde la plaza la dimisión de la alcaldesa por su doble imputación en dos piezas separadas del caso Brugal, el pleno de hoy se desarrolla con normalidad, toda vez que se ha denegado el permiso a la recién constituida Plataforma por la Dimisión de Castedo para concentrarse para evitar problemas de seguridad, según han señalado desde el colectivo.

De esta manera, la plaza se halla vacía y con un fuerte dispositivo policial.

Una mujer ha sido desalojada del pleno del ayuntamiento de Alicante por gritar y mostrar un cartel con el lema "Castedo dimisión", en una sesión en la que está previsto votar una moción de UPyD en la que se insta a los partidos políticos a excluir de las listas electorales a los imputados por corrupción.

La mujer ha protestado de esta forma contra la alcaldesa popular Sonia Castedo, imputada en dos de las piezas separadas del caso Brugal por presunta corrupción urbanística.

Esta persona estaba sentada entre el público que sigue la sesión plenaria, y tras su protesta fue invitada por la policía local a abandonar la sala, lo que hizo exclamando en voz alta "qué poca vergüenza".

Minutos después y ante un grupo de periodistas, ha calificado a la alcaldesa de "choriza" y ha lamentado los recortes en materia educativa por parte del PP.

Hasta ese momento, el pleno se ha desarrollado sin incidencias y en un ambiente relativamente tranquilo ya que, a diferencia de la sesión de septiembre, no ha habido concentraciones ciudadanas en la plaza del ayuntamiento, al prohibirse por problemas de seguridad.

La cacerolada convocada para hoy por la Plataforma por la dimisión de Sonia Castedo ante el Ayuntamiento de Alicante ha sido prohibida por la Subdelegación del Gobierno por entender que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público.

Así lo han afirmado a los periodistas portavoces de esta plataforma, quienes han criticado la decisión de la Subdelegación del Gobierno al considerar que vulnera el derecho a la manifestación y a la libertad de expresión.

La citada plataforma, integrada por más de 45 colectivos sociales, entre otros, Podemos, EU y Compromís, había convocado una cacerolada ante el consistorio para exigir de nuevo la dimisión de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), imputada en dos casos judiciales por presunta corrupción urbanística.

Este acto había sido convocado coincidiendo con el pleno municipal que se celebra hoy, en el que, entre otros temas, se debate una moción de UPyD que pide instar a los partidos políticos a que dejen fuera de sus listas electorales a imputados en supuestos delitos de corrupción o terrorismo.

Los portavoces de la plataforma tenían intención de ofrecer una rueda de prensa en la plaza del ayuntamiento para explicar a los periodistas los motivos por los que la Subdelegación del Gobierno había decidido prohibir la cacerolada.

A requerimiento de agentes de la Policía Nacional no han podido celebrar la rueda de prensa en ese emplazamiento y han hecho las declaraciones a los medios de comunicación en una cafetería de esa misma plaza.

Nueve vehículos de la Policía Nacional se encuentran desplegados en la plaza del Ayuntamiento de Alicante con varias dotaciones de agentes. Asimismo, hay policías en la plaza ubicada detrás de la casa consistorial.

Los portavoces de la citada plataforma han señalado que acudirán a la Sindicatura de Greuges y pedirán asesoramiento legal al entender que la decisión de la Subdelegación de prohibir la cacerolada supone "un atentado a la libertad de expresión y de concentración".

"A tan sólo 24 horas de la protesta, la Subdelegación del Gobierno ha prohibido la concentración", han señalado los representantes de la plataforma.

Han anunciado que convocarán una manifestación para el próximo 22 de noviembre para exigir de nuevo la dimisión de la alcaldesa y que tendrá el mismo itinerario que la celebrada el pasado día 4.

"La cacerolada no supone un acto de agresión, pero sí en cambio representa una agresión la doble imputación de una alcaldesa", ha afirmado a Efe uno de los portavoces de la plataforma.

Según esta entidad, la ciudad de Alicante se ha convertido en "sinónimo de corrupción" y los ciudadanos están "hartos de declaraciones hipócritas" por parte de los políticos del PP ya que "no toman realmente medidas" para obligar a dimitir a Castedo.

"No nos podemos permitir un día más que Alicante tenga una alcaldesa doblemente imputada", ha remarcado.

El portavoz y único concejal de UPyD, Fernando Llopis, ha manifestado antes del pleno que espera que su moción contra los imputados en las candidaturas electorales sea apoyada por unanimidad, incluida Castedo.

Llopis ha recordado que la reciente convención provincial del PP ha aprobado una medida idéntica y ha añadido que "si Castedo es tan fiel al partido, debería votar a favor".

El portavoz ha continuado que no duda de la inocencia de los imputados aunque defiende que "se defiendan fuera de las instituciones", y ha ido un paso más al agregar que "si una persona no puede estar en las listas electorales, mucho menos al frente de la ciudad".

Castedo figura como imputada por varios delitos en dos piezas separadas del caso Brugal: el relativo a las posibles ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el que atañe al plan urbanístico del barrio de Rabasa.

Además de la moción del partido magenta, EU-IU ha presentado un ruego para instar a la alcaldesa a dimitir y a que sea sustituida por otro concejal del PP "que esté libre de cualquier sospecha de corrupción".

Así, salvo sorpresa de última hora, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, votará junto con los ediles del PP a favor de la iniciativa que UPyD elevará al pleno municipal de hoy para que no haya imputados en las listas electorales de 2015, tal y como confirmaron desde el entorno de la regidora y la propia portavoz del grupo municipal, Marta García-Romeu.

La decisión de la primera edil, doblemente imputada en las causas judiciales por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General y del Plan Rabasa, aplaca así la sería amenaza de que se produjera una división de los votos dentro del equipo de gobierno, lo que dejaría en evidencia los apoyos con los que cuenta. Además, un voto en contra de esa iniciativa, redactada en términos similares a la que el PP aprobó en su última convención de Benidorm y en consonancia con la línea roja marcada por el jefe del Consell, Alberto Fabra, supondría una ruptura de la disciplina del partido y la posibilidad, por tanto, de una sanción. Por si había alguna duda, ayer la dirección provincial del PP dio orden expresa a los ediles de apoyar esa iniciativa.

Aunque ayer García-Romeu aseguró que la directriz de respaldar la propuesta de UPyD partió de la propia alcaldesa, algunos ediles del PP aseguraron que la instrucción explícita llegó en la tarde de ayer de manos del secretario general del PP en la provincia de Alicante, José Juan Zaplana. En una entrevista a Información TV, la coordinadora general del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, también confirmó este extremo: «Nosotros no tenemos ningún problema y hemos manifestado a los concejales que se vote a favor porque es la línea de Fabra y lo que se fijó en la convención».

En la misma entrevista, Bonig reiteró la postura del partido con respecto a Castedo al aseverar que «si sigue imputada por delitos de corrupción no será candidata». La coordinadora general del PP calificó de «grave» la situación y aseveró que el PP «va a reaccionar». A la pregunta de si se plantean una expulsión del PP, la número dos popular aseguró que «estamos mirando esa medida y otras, porque también se puede pactar una salida». En cualquier caso, subrayó, se tomarán «las medidas oportunas en breve periodo de tiempo».

Aunque en un primer momento desde el PP trataron de vetar la declaración institucional de UPyD aludiendo a motivos formales, finalmente se incluyó en el orden del día de hoy. Incluso antes de recibir directrices expresas, algunos concejales populares se mostraban dispuestos a apoyar la declaración institucional del pleno por coherencia con el discurso contra la corrupción que mantiene el partido.

La iniciativa en cuestión propone acordar «instar a los comités electorales u órganos de dirección de los partidos con representación en el Ayuntamiento de Alicante» a que «no incorporen» en las listas electorales «a las personas que se encuentren imputadas por corrupción y/o delitos de terrorismo». Desde EU se planteó ayer enmendarla añadiendo también los delitos de odio, violencia de género y contra la libertad sexual. El equipo de gobierno del PP, por contra, rechazó la enmienda amparándose en cuestiones formales, según explica García-Romeu, quien aseguró que estarían de acuerdo en incluirlos y que hoy plantearán la posibilidad de hacerlo «in voce» en la sesión plenaria. La portavoz del PP añadió que, en cualquiera de los casos, se votará a favor de la iniciativa «en consecuencia con la línea del partido y según el sentido del voto fijado por la alcaldesa».

El pleno de Alicante de hoy se espera tenso, pues también habrá un ruego de EU pidiendo la dimisión de la alcaldesa Castedo por sus imputaciones. De forma paralela se había convocado una cacerolada por parte de la Plataforma por la dimisión de Sonia Castedo que, finalmente, fue denegada ayer por la Subdelegación del Gobierno. Un portavoz de la plataforma, Jesús Naranjo, advirtió de que «que mucha gente estaba convocada por redes sociales» y lamentó la falta de tiempo de respuesta, por lo que estudiarán tomar medidas legales al entender que «podría ser un atentando contra la libertad de reunión y expresión».

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