Los responsables de Función Pública que ordenan el tráfico funcionarial también se han preocupado de aquellos cargos públicos y personal eventual que tienen plaza de funcionarios, pero que en su día fueron llamados por el PP para servir a la Generalitat como altos cargos o como asesores. La ley de acompañamiento de los presupuestos para 2015 contempla una serie de modificaciones de la ley de la función pública que también parecen pensadas para el día de después. Así, según reza en el texto que el PP aprobará en las Cortes, se modifica el artículo 124 de la ley que regula la situación de servicios especiales «en el sentido de añadir una garantía por la que el personal que reingrese al servicio activo procedente de la situación de servicios especiales (cargos públicos o personal eventual que son funcionarios) sin derecho a reserva del mismo puesto de trabajo, tenga las mismas garantías retributivas que las establecidas en el artículo 103.4 de la ley para el personal funcionario de carrera removido de su puesto obtenido por concurso o cesado en puestos de libre designación».
La garantía a la que se refiere es blindarles el sueldo durante un mes. Es decir, todos los funcionarios que han sido llamados a otro destino (la mayoría de casos para ejercer puestos de responsabilidad en la cúpula funcionarial) y que han perdido su puesto original tienen garantizado un mes con el mismo salario, pese a no ejercer ya. Los sindicatos ya han advertido en varias ocasiones de la hipoteca que supondrá para un futuro nuevo gobierno, que tendrá que lidiar con la herencia de una administración diseñada a la medida del PP. En la mochila está también el pago de la carrera profesional y la devolución de la extra que debe asumir el nuevo gobierno.
