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El instructor del PGOU señala que el origen del patrimonio de Alperi no se ha investigado

Tejada confirma la providencia en la que rechazaba archivar la causa para Sonia Castedo

El exalcalde, Luis Díaz Alperi RARA ARJONES

El magistrado que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Alicante ha rechazado que la investigación para determinar el patrimonio del exalcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, sea dar un cheque en blanco a la Policía y ha defendido el interés para la causa de estas pesquisas. De esta manera, el juez Manrique Tejada desestima el recurso planteado por la defensa de Alperi contra la práctica de estas diligencias y rechaza también el presentado por los letrados de la defensa de la alcaldesa, Sonia Castedo.

Con los abogados de la primera edil se enzarza en una polémica puramente procesal, porque éstos le reprochaban que hubiera resuelto través de una providencia y no de un auto la enésima solicitud de archivo de los representantes de la primera edil. El juez se reafirma en su decisión al entender que «todas y cada de las cuestiones planteadas por el recurrente han sido ya resueltas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a lo largo de la instrucción llevada a cabo en dicho tribunal durante dos años». Tejada sostiene que no han variado las circunstancias que motivaron las anteriores resoluciones por parte del TSJ y confirma su providencia.

En aquellas resoluciones, el tribunal incidía en que éste no era el momento procesal oportuno para pronunciarse sobre las escuchas, así como tampoco sobre los indicios que existían contra la alcaldesa, ya que la investigación todavía no ha finalizado. En el auto notificado ayer, el juez reproduce las anteriores decisiones del TSJ sobre estos mismos asuntos.

La investigación sobre el PGOU es una rama separada del caso Brugal que trata de determinar si el empresario Enrique Ortiz recibió información privilegiada sobre el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad. Junto al promotor, en la causa están imputados los dos últimos alcaldes de la ciudad, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, entre otros. La investigación ha vuelto a Alicante, al perder el aforamiento ambos políticos tras renunciar a su escaño como diputados autonómicos.

El abogado de Alperi planteaba que la decisión del juez de investigar el patrimonio del exalcalde era un «fraude procesal» porque se trataba de hechos que ya han sido objeto de otro procedimiento judicial en el que ya ha acabado la fase de instrucción, en alusión a la causa por fraude fiscal que sentará al exdiputado autonómico en el banquillo. El juez recuerda en su auto que «los hechos ya investigados son los relativos a la no tributación de dichas ganancias, pero el auto de procesamiento no entra a valorar el origen del dinero, ni mucho menos a relacionarlo con el señor Ortiz siendo la finalidad de la investigación el origen del dinero no declarado y su posible relación con Enrique Ortiz». Por ello, cuando autoriza a la Policía a recoger «cualquier información complementaria» de Andarx Business y Taller de Contabilidad SL, las empresas vinculadas con el presunto fraude fiscal de Alperi, sobre el patrimonio del exalcalde «no puede entenderse que pueda ir más allá de lo solicitado».

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