El Consell recurrirá en casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que le obliga a entregar a Compromís las facturas y justificantes de los gastos de caja fija desde 2006, algo que supondría «alterar el funcionamiento normal de la Administración».

Así lo anunció ayer la portavoz del Consell, María José Catalá, en la rueda de prensa posterior al pleno, donde defendió que «no es cuestión de voluntad de enseñar o no» esos tres millones de facturas, sino que hacerlo implicaría casi 6.000 horas de trabajo a tiempo completo de cuatro funcionarios durante un año.

Catalá destacó que principalmente recurrirán porque tienen «el respaldo» del Ministerio Fiscal, que consideraba que no se habían vulnerado derechos fundamentales y se debía desestimar la demanda de Compromís, y ha reivindicado que ya están entregando facturas de caja fija que ese mismo grupo está solicitando con carácter mensual.

Catalá ha resaltado «la entidad» de la petición de entrega «física» de esos documentos, ya que, según la estimación del Consell, sería necesario destinar cuatro funcionarios de la Generalitat durante «todo un año a escanear y a fotocopiar» todas facturas, lo que supone «5.833 horas de trabajo».

La consellera ha asegurado que todas esas facturas han pasado en todas las Consellerias «los filtros correspondientes» de la Intervención delegada, «y son gastos por supuesto ajustados a derecho, puesto que para pagarse los técnicos los tienen que avalar".

Ha destacado que el TSJCV «no pone en cuestión» si esos gastos son ilegales o irregulares, sino que se ha pronunciado sobre la entrega de esos documentos a un grupo parlamentario, y ha insistido en que el Consell no tiene «nada que esconder».

Catalá ha precisado que la Generalitat dispone de un registro electrónico de todos los gastos de caja fija y «no hay ningún problema» en remitirlo a Compromís, pero otra cosa es el «papelito a papelito» que reclama ese grupo -las justificaciones de esos gastos-, y que implica escanear «tres millones de papelitos».

La consellera ha afirmado que tampoco tendrían «problema» en que los diputados acudieran a las Consellerias a revisar esos documentos, como han hecho en otros casos, como con los referidos a la Fórmula Uno.

Catalá mostró sus dudas de que el ciudadano entienda que la Generalitat se dedique a escanear esos papeles y no al servicio público, y ha asegurado que si finalmente la justicia les obliga a entregar esas facturas así lo harán, «por supuesto».

Por otra parte, ha indicado que «no está confirmada formalmente» la reunión de los empresarios con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aunque este comunicó informalmente a los empresarios que tiene previsto hacerlo en noviembre, cuando acabe la tramitación de los Presupuestos del Estado, y así lo ha transmitido el Ministerio al Consell.