El PP de la provincia quiere enterrar de una vez por todas el debate que ha alimentado el presidente regional del partido, Alberto Fabra, con sus líneas rojas contra la corrupción. La ejecutiva provincial que dirige José Císcar dará una vuelta de rosca a la propuesta del jefe del Consell y antes de las elecciones locales y autonómicas de 2015 obligará a todos los dirigentes populares incluidos en las listas a firmar una declaración jurada en la que adquirirán una serie de compromisos. Entre ellos, la obligación de presentar su dimisión irrevocable si un juez les imputa por un caso de corrupción. Así consta en la ponencia de Regeneración Democrática que los populares alicantinos abordarán esta misma tarde en su convención de Benidorm. El texto, al que ha tenido acceso este diario, es muy contundente: «Los candidatos del PP asumirán, en declaración jurada y con carácter previo a su inclusión en las respectivas candidaturas, además de aquéllos que establecen los estatutos y normas de funcionamiento del partido, los siguientes compromisos», comienza diciendo. Y acto seguido añade: «Compromiso de dimisión en caso de ser imputado por un posible delito que tenga que ver con supuestos casos de corrupción».
Esa medida, no obstante, podría ir incluso más allá. Un grupo de concejales de la Vega Baja ha presentado una enmienda al texto con el fin de endurecer todavía más esa medida. Este grupo de ediles aboga, directamente, por que los cargos públicos del PP se comprometan por escrito a entregar su acta en el preciso momento en que existan «pruebas contundentes» de su implicación en un caso. Por ejemplo, cuando haya grabaciones telefónicas o vídeos.
Si los populares alicantinos hubiesen adoptado esta medida hace cuatro años, Alberto Fabra se habría evitado más de un disgusto y un buen número de ayuntamientos habría visto cómo se renovaba la corporación. Por ejemplo, Alicante. Si la alcaldesa, Sonia Castedo, y su vicealcalde, Andrés Llorens, hubiesen firmado esa declaración jurada que ahora promueve la ejecutiva de Císcar, ninguno de los dos ostentarían ahora mismo sus respectivos cargos. La primera se encuentra doblemente imputada por beneficiar supuestamente a Enrique Ortiz con el presunto amaño del Plan General y el Plan Rabasa; mientras que el segundo está procesado por adjudicar una plaza en Alicante meses después de su inauguración.
No son los únicos casos. La concejal de Orihuela y diputada provincial Mónica Lorente estaba imputada en el caso Brugal por la adjudicación de las basuras en su municipio y este mismo miércoles un juez la procesó. La presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, y la ejecutiva provincial del PP se han desmarcado por ahora de la línea roja de Fabra y ya han advertido de que no exigirán su dimisión. La decisión la adoptarán cuando el magistrado decida si abre o no juicio oral. Hoy, sin embargo, el PP aprobará un documento que habría apartado a la ex alcaldesa oriolana de todos sus cargos públicos. Idéntica situación se produciría con la primera edil de Novelda, Milagrosa Martínez, procesada por adjudicar los estand de Fitur a la trama Gürtel cuando era consellera de Turismo con Francisco Camps.
En la ponencia de Regeneración Democrática, dirigida por Rafael Miró, se incluyen otras muchas propuestas para evitar conductas inadecuadas de sus cargos públicos. Los aspirantes del PP a ocupar una Alcaldía o concejalía en los comicios de 2015 tendrán que comprometerse también por escrito a ejercer «un comportamiento ejemplar, evitando en todo momento actitudes incompatibles con el ejercicio de un cargo público».
Y no solo eso. Los dirigentes del PP deberán estar formados para poder desempeñar con eficacia su labor en los ayuntamientos. Todos aquellos políticos populares que no acrediten una formación académica adecuada o que carezcan de experiencia previa municipal estarán obligados a «adquirir formación en gestión pública» en un plazo máximo de seis meses desde su elección. La Diputación de Alicante será la encargada de impartir los cursos necesarios.
Por último, los concejales y primeros ediles del PP tendrán que comprometerse en declaración jurada a renunciar a su acta desde el mismo momento en el que se decida abandonar el grupo municipal. Con esta medida, los populares alicantinos pretenden poner fin al transfuguismo en sus filas.
