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Debate de Política General

El PP se niega a reprobar a Castedo en las Cortes y a frenar el plan de Ortiz en Rabasa

Los populares ignoran las peticiones de la oposición y se oponen a la devolución del PGOU

Alberto Fabra dialoga ayer con Ricardo Costa durante la sesión de las Cortes.

Ni reprobación a Sonia Castedo, ni paralización de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Ikea. El grupo parlamentario del PP en las Cortes rechazó ayer las propuestas de resolución que presentaron Esquerra Unida (EU) y Compromís en la Cámara autonómica y se negó a censurar a la alcaldesa de Alicante y a paralizar el «pelotazo» de Enrique Ortiz con la venta de suelo para instalar la multinacional sueca en la zona de Rabasa. Los populares tumbaron esas iniciativas escasos días después que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía sacara a relucir la estrecha relación entre la primera edil alicantina y Ortiz, el principal contratista del Ayuntamiento. «Pido su reprobación por su doble imputación», espetó desde la tribuna la parlamentaria de EU Esther López Barceló.

La diputada por Alicante se refirió así a los dos piezas en las que se encuentra encausada Castedo. La primera es Brugal, en la que está imputada por cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada por amañar supuestamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para beneficiar al constructor. Y la segunda es el Plan Rabasa, en la que se le acusa de prevaricación y tráfico de influencias, también por impulsar el proyecto presuntamente a medida del empresario.

Pese a que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y su portavoz en el Consell, María José Catalá, enseñaron la puerta de salida a la alcaldesa la pasada semana, el PP de la Comunidad ahora prefiere esperar. Ha rebajado la presión sobre Castedo para evitar un sonrojo como el que vivieron los populares este lunes. Ese día, la secretaria general del PP a nivel nacional y mano derecha de Mariano Rajoy a nivel orgánico, María Dolores de Cospedal, matizó a ambos. «Una imputación no es una condena», espetó en Génova. Cospedal borró así, de una tacada, la discutida línea roja de Fabra contra la corrupción.

Ayer, durante el turno de réplica a López Barceló, el PP ni tan siquiera mentó a Castedo. El alcalde de Calp y vicesecretario en la ejecutiva regional, César Sánchez, la obvió. «Un Debate de Política General no es foro para valorar estos temas», zanjó.

Más allá de la situación de la primera edil, el grupo parlamentario comandado por Jorge Bellver tampoco se postuló a favor de la paralización del ATE de Ikea, solicitada también por el PSPV. Y eso, que el informe policial es contundente. «Pedimos que se paralice la ATE de manera cautelar porque el asunto está judicializado», afirmó López Barceló. Tampoco lo consiguió.

Las pretensiones de la oposición no se quedaron únicamente ahí. Aprovechando la nueva imputación de Castedo en Rabasa, EU y Compromís aprovecharon el Debate de Política General que se cerró ayer para solicitar también la devolución del PGOU de Alicante, en la actualidad en la Generalitat pendiente de su aprobación definitiva. «Pedimos la devolución del Plan General para que se vuelva a hacer desde cero o, si no aceptan esa propuesta, su suspensión temporal», subrayó la dirigente de EU. «El rechazo a estas propuestas hacen al PP cómplice de las tramas urbanísticas de Castedo y Ortiz», añadió la parlamentaria de Compromís Mireia Mollà.

El PP, como era previsible, votó «no». La polémica llegó con el PSPV. Uno de los múltiples encontronazos que se han vivido en Alicante durante los últimos meses entre la ejecutiva local y el grupo de concejales críticos se debió precisamente al PGOU. Los díscolos se abstuvieron en una votación que pedía excatamente lo mismo que ayer pese a que la dirección local dio orden de decir «no». ¿Qué pasó en la sesión de ayer en las Cortes? Pues que los socialistas votaron que sí. Es decir, la postura contraria a la que promovió la ejecutiva de Gabriel Echávarri.

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