Las dudas sobre la validez de las conversaciones telefónicas intervenidas al empresario Enrique Ortiz en el marco de la investigación del plan Rabasa y la condición de urbanizador del promotor, lo que ampara legalmente sus relaciones con las administraciones, son dos de los pilares en los que se apoya el abogado del gerente municipal de Urbanismo, Enrique Sanus, el recurso que ha presentado contra el auto en que se imputa a su cliente, de quien afirma que sólo se limitó a hacer su trabajo.
En su alegato, el letrado pone especial énfasis en el papel que con la aprobación del plan Rabasa adquiere Ortiz, quien a partir de ese momento pasa de ser «un mero empresario» a un «agente público» cuyas relaciones con el consistorio «se rigen por la reglamentación de los contratos de las administraciones públicas». En el escrito en el que, como primera opción, pide el archivo de las actuaciones y asegura no entender la tipificación de los hechos, el abogado insiste en que la condición de urbanizador «conlleva un contacto frecuente entre el y el Ayuntamiento y entre sus técnicos y los del Ayuntamiento», una manifestación de lo que se denomina, precisa, «colaboración público-privada». Y matiza que los partidos podrán discrepar pero que de la aprobación en el pleno del plan «nace el deber de culminar su tramitación hasta la obtención de la aprobación definitiva».
En este escenario sitúa el abogado lo que la Policía califica en su informe como «presiones» por parte de Ortiz a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada junto al empresario, entre otros, en esta causa, y a técnicos del Ayuntamiento. Y recuerda también que cuando los investigadores hablan de la «argucia legal» para consolidar Ikea dentro del plan Rabasa «no denota ilegalidad sino conocimiento de la legislación existente».
Tras señalar que su cliente, como gerente de Urbanismo, se limitó a cumplir con sus funciones, que en este caso eran «coadyuvar a la subsanación» de los condicionantes impuestos al plan en cuanto a suministro hídrico y accesos, el abogado se mete de lleno en las escuchas para mantener, como ya lo han hechos el representante legal de Ortiz y el de Isabel Campos, compañera de Sanus y también imputada, que las conversaciones no pueden ser válidas por estar autorizadas por el juez de Orihuela en vez de por el competente de Alicante, que dos meses antes había archivado el asunto.
El letrado solicita que para evitar las «graves e irreparables consecuencias de todo orden» que este proceso puede acarrear a los imputados dado el interés público que despierta se convoque con urgencia una vista en la que todas las partes se pronuncien sobre la validez de las escuchas sin tener que esperar a que el asunto llegue a juicio.
Como alternativa al archivo de las actuaciones y complemento de las alegaciones sobre las escuchas plantea también el recurrente que antes de las declaraciones de los imputados se cite como testigos a dos empleados de Ortiz y al jefe jurídico de Urbanismo, José Luis Ortuño, para ver si en las conversaciones mantenidas con el empresario comparten las conclusiones a las que llega la Policía en su informe.
