De vuelta a las Cortes después de 68 días con las puertas del hemiciclo cerradas, el presidente de la Generalitat, Albeto Fabra, aprovechó el último debate de Política General antes de las decisivas autonómicas de 2015 para inaugurar la campaña electoral a golpe de «lluvia de millones» con inversiones de las que, sin embargo, no detalló ni un sólo dato de la fórmula a la que se encomendará para sufragarlas. Y eso es algo fundamental para una Comunidad en quiebra que acumula una deuda de 35.000 millones y que tiene que pagar casi 4 millones al día en intereses a los bancos. A las puertas de unas elecciones en las que, por vez primera en dos décadas, está en juego el futuro de la Generalitat, Fabra intentó retomar la iniciativa anunciando una bajada de impuestos con un ahorro de 830 millones -entre 285 y 444 euros por familia-, de los que 600 son gracias a medidas de Madrid; ofreciendo otro plan de empleo de 800 millones pero a cinco años vista; marcando distancia con los anteriores mandatos del PP, que ni recordó pese a que Francisco Camps estaba de cuerpo presente en su escaño; y con un decálogo de regeneración democrática que perdió credibilidad cuando el jefe del Consell, en una decisión inédita, rechazó el habitual cara a cara con los síndics de la oposición para contestarles a todos de forma conjunta y seguir agitando así el fantasma del «tripartito».

En una intervención de algo más de hora y media en la que utilizó el valenciano durante 13 minutos, el jefe del Consell lanzó un listado de inversiones y de iniciativas que, con los últimos balances en la mano, serían imposibles de pagar. Sólo en medidas que cuantificó, el líder regional del PP se comprometió a un nivel de gasto de unos 2.000 millones además de otra serie de promesas de las que no llegó ni a cifrar su presupuesto. Desde luego, Fabra intentó «pintar» el panorama de una Comunidad en despegue con toda una batería de números y cifras para intentar avalar la tesis de la mejoría económica. Un avance que el actual inquilino del Consell vinculó con su llegada al Palau de la Generalitat hace ahora tres años, una fecha que citó en varias ocasiones para desmarcarse de los anteriores gobiernos del PP con Zaplana y Camps al mando desde 1995. «Este gobierno ha protagonizado en los últimos tres años el cambio que necesitaba la Comunidad», subrayó Fabra al que, con la excepción de los turnos conjuntos de réplicas cuando subió la temperatura del debate con la corrupción como argumento, la bancada del PP -en su mayoría con fecha de caducidad de cara a las listas electorales- aplaudió con poca intensidad, casi siempre de forma inducida y cuando se arrancaba alguno de los parlamentarios.

Entre el paquete de inversiones y subvenciones que Alberto Fabra prometió durante su intervención en el debate de Política General de las Cortes destaca, por ejemplo, la recuperación de las ayudas a las familias para la compra de libros; el incremento del presupuesto de Bienestar Social; los citados 800 millones para un nuevo plan de empleo que pretende generar 200.000 puestos de trabajo en 2016 pero con la sombra del fracaso del plan que el Consell ya impulsó hace ahora dos años junto a las diputaciones; otros 70 millones para emprendedores; 47 más para las pymes; 28 para el comercio; y otros 560 para distintos planes de fomento de la agricultura.

También comprometió ayudas para reducir la factura de la luz de las familias; medidas para extender la dependencia; nueve centros de atención social; tres hospitales, uno de ellos de nuevo cuño en valencia; centros de salud; una decena de colegios; más dinero para los abogados del turno de oficio; acabar la Vía Parque y el acceso sur de Alicante; o mejoras de carreteras por 167 millones... Garantizó hasta una nueva Ley de Financiaciación de las Universidades públicas con las que, por cierto, el Consell arrastra una importante deuda; la creación de un centro de referencia vinculado a la innovación tecnológica; y hasta poner en marcha un AVE regional... De otra época. Una larga lista a los Reyes Magos que el Consell no está en condiciones de pagar. Y todo eso además, como volvió a dejar claro, negándose a hacer más recortes.

El círculo que Fabra, precisamente, se mostró incapaz de cerrar, por contra, fue el de las soluciones que propone para mejorar la salud económica de una Generalitat con las arcas vacías y que necesita liquidez de forma urgente para intentar cubrir el ejercicio. El jefe del Consell defendió el «rescate» que ha recibido de Madrid a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y del plan de pago a proveedores que, aseveró, ha permitido saldar deudas por más de 20.000 millones a pesar de que, en la práctica, recurrir a esos programas para conseguir dinero fresco supone engordar cada vez más la deuda bancaria, como certifica el Banco de España trimestre a trimestre. Pero, sin embargo, a la vez también insistió en la reforma del modelo de financiación, algo que por ahora Mariano Rajoy descarta para no abrir otro melón entre los barones territoriales en pleno proceso electoral. Y, sobre todo, en el SOS que el jefe del Consell viene lanzando: los 1.000 millones que necesita la Generalitat, en tanto se modifica el sistema de financiación, para cubrir Sanidad y Educación. Pero que, en la práctica, servirían para estar en la línea de cumplir con el déficit y, por tanto, de salvar la cara en víspera electoral. «Este es el camino que vamos a seguir. Reclamando lo que es justo para nuestra tierra», aseveró.

A los ojos de Madrid, está por ver si el discurso expansivo de Fabra va a agradar a MadridDesde luego, si Montoro vio el debate de ayer en las Cortes, Alberto Fabra, con el volumen de gasto que prometió, no le facilitó muchos argumentos para ceder y compensar el expolio que sufre la Comunidad en el reparto de la tarta autonómica. El presidente de la Generalitat se guardó las reflexiones más políticas para la recta final de su mandato. La aprobación de una ley de señas de identidad para agitar el anticatalanismo y tratar de poner en un brete al «tripartito», realizó un llamamiento con remitente en el PP y destinatario socialista para arrinconar opciones populistas; lanzó un decálogo de regeneración democrática con medidas ya conocidas como la reforma electoral, liquidar los aforamientos, reducir la duración de las campañas electorales o ampliar las sesiones de las Cortes a once meses, cuando el PP las tiene ahora semicerradas; y se ofreció como la alternativa de la estabilidad. En mayo, decidirán los ciudadanos.